La página web www.cerem.es utiliza cookies para mejorar los servicios ofrecidos. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso e instalación. Para más información haga click aquí.

El riesgo grave e inminente: consecuencias

El riesgo grave e inminente: consecuencias
Riesgo grave e inminente: consecuencias que se perciben en cuanto a riesgos graves en el entorno laboral.

En caso de estar ante un riesgo grave e inminente para la salud y seguridad en un puesto de trabajo, existen, junto a la normativa vigente, ciertas medidas llevadas a cabo de forma excesiva. Se trata de la paralización drástica de todas las actividades si surgiese el caso mencionado.

Por tanto, a continuación, se analiza, a partir de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), a quiénes les suele ocurrir y por qué, así como diversas consecuencias que empiezan a revivir tras dicha penalización.

¿Quiénes se pueden ver paralizados?

  1. Trabajadores. Según el artículo 21.1 de la LPRL, al trabajador se le otorga el derecho a interrumpir la actividad que esté realizando y proceder al abandono de su puesto siempre que esto sea de suma necesidad; siempre y cuando lo que afirme estar afectándole pueda ocasionarle un riesgo grave e inminente que afecte a su salud, su integridad física e, incluso, afecte a su vida.
  2. Quienes representan a los trabajadores. En consecuencia, al efecto que expone un riesgo grave e inminente, se les autoriza a paralizar toda aquella tarea que pueda ocasionar riesgos mayores. También pueden efectuar la pertinente paralización de toda actividad desarrollada por los trabajadores afectados, por lo que deberá de forma inmediata comunicar el caso a la entidad o empresa, así como a la autoridad laboral, que se encargará, en un plazo de aproximadamente 24 horas, de determinar la anulación y aceptación (LPRL, art. 21.3).
  3. El empresario. Siempre que algo pueda estar afectando de forma directa y siendo un riesgo grave e inminente, el empresario debe por ley (LPRL, art. 14) proteger a sus trabajadores con el deber inmediato de guiar bajo drásticas instrucciones para que interrumpan su actividad laboral y, si fuera de suma necesidad, abandonen el puesto de trabajo; justificando siempre las causas (LPRL, art. 211).

Debido a este tipo de casos por riesgo grave e inminente, existe un papel importante desarrollado: la de inspección del área de trabajo y de la seguridad social. Esta función tiene el deber facultativo de ordenar la paralización inmediata a todos aquellos trabajadores que podrían ser causa de gravedad para el resto de compañeros del área (LPRL, art. 9.1.f y 44).

Toda esta información se puede encontrar en el artículo 13.2b del Convenio 81 o en el artículo 18.2b del Convenio 129, todo ello recogido previamente en el artículo 7.10 de la Ley 42/1997 de 14 de noviembre sobre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Esta última actúa como ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el artículo 11.3 del reglamento sobre el procedimiento de la imposición de sanciones a causa de infracciones en la Orden Social y para todos aquellos expedientes liquidatarios.

Por otro lado, las cuotas de la Seguridad Social que fueron aprobadas mediante el Real Decreto  928/1998, de 14 de mayo, en el que se incluye la normativa de la Seguridad Social (artículo 188 de la LGSS de 1974 aprobado por ley en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio).

¿Qué se entiende por riesgo grave e inminente?

El artículo 4.4 de la LPRL da la siguiente definición: “’Todo aspecto que resulte probable que se materialice en un futuro inmediato y pueda ser causa de gravedad para la salud de todos los trabajadores del puesto”.

De forma breve, se ha observado la parte más adecuada con la que comprender qué se conoce como riesgo grave e inminente. El Criterio Operativo número 81/2009 de la Dirección General de la ITSS fue lo que dio luz al concepto que se acaba de definir sin ningún tipo de prejuicio, de forma que siga existiendo en la materia toda la amplitud de margen para la libre apreciación personal del inspector que actúe en cada caso.

Pero, además de este apunte, se tienen que dar las siguientes circunstancias para llegar a estar ante un incumplimiento oficial de la normativa de prevención:

  1. La consecuencia mantiene un incumplimiento empresarial con la normativa vigente de la prevención y, además, se ha creado una situación de riesgo de la que se pueda derivar. Cuando estas condiciones son de un origen más habitual, tras la realización de un trabajo o tarea en cuestión, o bien una lesión de un trabajador, la producción del accidente debe ser totalmente no ocasionada, al azar.
  2. La probabilidad de circunstancias es mayor. Son las causas, como lesiones, que se deben calificar por ley como de gravedad lógica para la salud y/o integridad física para el trabajador del propio entorno laboral.

¿Cuáles son las consecuencias que ocasionan la paralización?

Se trata de una medida ligada a una sanción la cual es propuesta a modo de acta de infracción efectuada e impuesta por un inspector.

Siempre que se formalice un acta de infracción por la inobservancia de la normativa que motiva dicha paralización, la infracción será, por consiguiente, calificada de alta gravedad. Esto queda reflejado en el artículo 13.10 del TRLISOS:

No adoptar cualquiera otra medida preventiva aplicable a las condiciones de trabajo en ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores.

Cabe destacar que, a pesar de lo impuesto, se han practicado métodos diferentes fuera de criterio por parte de diferentes inspecciones provinciales, las cuales establecen que, probablemente, esto se deba a los costes económicos que sobrelleva según el artículo 40.2 del texto refundido de la LISOS, lo cual indica que puede llegar a una cantidad máxima que asciende a los 819.780 euros.

Requisitos materiales y formales

Para poder llevar a cabo la paralización, se debe incumplir la normativa de prevención de riesgos laborales, o bien, se debe acudir a la inobservancia de la normativa por riesgos laborales.

Para formalizar este proceso, se debe notificar a la empresa, motivar el trámite con amplitud de detalles y trasladar toda la información a la autoridad laboral con la que llegará a un acuerdo y decisión pertinente de forma inmediata. Pero hay que recordar que, para ello, se lleva a cabo un plazo que hay que respetar, regido por las siguientes 24 horas desde su aplicación.

En cuanto a la consecuencia de la inobservancia de la ordenanza de paralización

Aquí se destaca el punto que deja el artículo 13.3 de TRLISOS el cual establece lo siguiente como infracción grave

No podrá parar ni hacer suspensión de la actividad inmediatamente, sino que pasará por la supervisión previa de la Inspección Trabajo y Seguridad Social, todo trabajo realizado sin observar la normativa sobre prevención de riesgos y que, tras el juicio de la Inspección, se muestre un claro riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores in situ, o instaurar la actividad laboral sin haber arreglado previamente toda causa que motive la paralización.

Con lo que se llega a equiparar en la LISOS lo que es la constatación con carácter general de una infracción sobre la previsión de riesgo laboral.

En otras condiciones si por alguna circunstancia, se logra hallar que las condiciones del entorno laboral se presentan con peligro visible y se presenta un importante riesgo grave e inminente, los trabajadores tienen completo derecho a negarse a trabajar y/o acudir al lugar donde desarrollan su actividad.

Pero para que esto suceda, se tienen que considerar primero dos condiciones según el artículo 4.4 de la PRL:

  1. Que, llegados a este punto, el riesgo no solo sea visible, sino que haya posibilidad de producirse de forma inmediata in situ.
  2. Que esa exposición de gravedad afecte perjudicando la salud de los trabajadores, aunque no se produzca de forma inmediata, pero sí que se vaya a producir o se esté causando in situ.

A ejemplos prácticos, se estaría hablando de un trabajo expuesto a sustancias cancerígenas o de importante toxicidad. En estos casos, la ley exige actuar de inmediato, sin ningún tipo de miramiento. De esta forma, el artículo mantiene que, si no hay resolución inmediata del problema, se debe paralizar la actividad.

¿Cómo se puede ejercer este derecho?

1. Un trabajador. Este puede hacer interrupción de su actividad y, por consiguiente, abandonar el entorno laboral, ya que considera que su actividad está expuesta a un riesgo grave e inminente.

2. Quienes representan a los trabajadores de una empresa. Ellos deciden, con una mayoría, que es necesario paralizar la actividad, pues observan que el empresario no mantiene el cumplimiento de sus obligaciones y deben informar lo antes posible y tomar medidas.

3. También, los delegados de prevención en el caso que formalicen un acuerdo de paralización por mayoría, siempre y cuando, en el caso anterior no dé tiempo a reunirse con el Comité de la Empresa.

Después de haber visto estos casos, el acuerdo manifiesta que la paralización debe ser comunicada de inmediato y sin demora. Así pues, la autoridad laboral hará su rectificación o anulación pertinente en las próximas 24 horas. Todo lo mencionado se expresa en el artículo 13 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social anteriormente mencionada.

Formación relacionada

Subir