Aprobada la modificación de la Ley 16/2002 (Ley IPPC)

Ley 16/2002 (Ley IPPC)
La Política ambiental nace y se desarrolla al efecto de prevenir, esto es, tratar de evitar, o al menos minimizar, la contaminación en su origen, para así, limitar la necesidad de reducir sus efectos y de restaurar la degradación provocada en el med

La  Política ambiental nace y se desarrolla al efecto de prevenir, esto es,  tratar de  evitar, o al menos minimizar,  la contaminación en su origen,  para así,  limitar la necesidad de reducir sus efectos y de restaurar la degradación provocada en el medio.

Uno de sus hitos más importantes fue el aportar una mirada integradora a la cuestión ambiental, es decir, apostar por un tratamiento holístico en el cuidado al medio natural a través de una visión conjunta de sus distintos factores: atmósfera, aguas y suelo, para así, evitar la simple transferencia de agentes contaminantes de un medio a otro.

La Directiva 96/61/CE, posteriormente codificada a través de la Directiva 2008/1, fue la primera apuesta en firme en este sentido. Conocida por los profesionales del sector como Directiva IPPC (acrónimo de la nomenclatura inglesa “Integrated Pollution Prevention and Control”), aportó una nueva herramienta para el control ambiental a través de la figura administrativa, conocida como  Autorización Ambiental Integrada (AAI). Esta Directiva se traspuso al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, también denominada Ley IPPC.

Transcurridos unos años en el ámbito de la UE se detectó la necesidad de modificar esta Directiva al efecto, fundamentalmente, de simplificar los trámites burocráticos derivados de la misma, así como de reforzar la aplicación de lo que se conoce como Mejores Técnicas Disponibles (MTD). La consecuencia fue la aprobación, en 2010, de la Directiva sobre las emisiones industriales, 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre. En la misma además se cubrieron  nuevas tipologías de instalación, se dispusieron los requisitos mínimos para la inspección y se revisaron las condiciones del permiso y los informes de cumplimiento, así como las normas relativas a cierres de las instalaciones y a la protección del suelo y las aguas subterráneas.

En España, la trasposición parcial de dicha Directiva se acaba de llevar a cabo a través de la Ley 5/2013, que incorpora como novedades más importantes:

Modificación del ámbito de aplicación, incluyéndose instalaciones adicionales, y concretándose en relación a determinados sectores (por ejemplo el relativo al tratamiento de residuos).

  • Simplificación del trámite administrativo relativo a la AAI, en relación a su concesión, modificación y revisión. De hecho se ha suprimido la necesidad de incluir documentos ya presentados en el procedimiento de autorización original, para los trámites de revisión y/o actualización.
  • Modificación de los requisitos necesarios para ejecutar las inspecciones
  • Inclusión de protocolos de actuación en el caso de clausura de instalaciones.
  • Mejora de las normas en relación a la protección adicional de suelos y aguas subterráneas.
  • Eliminación de la obligación de proceder a la renovación de la autorización cada ocho años.
  • Reducción de diez a nueve meses del plazo de  resolución de los expedientes, con su eventual otorgamiento o denegación. En estos primeros años de andadura de la AAI, con frecuencia éstos se han dilatado sobremanera,  especialmente en el caso de algunas CCAA, lo cual ha dejado a las instalaciones en situación irregular. Esta disminución ha sido posible, al suprimirse el  requerimiento del informe vinculante de la Confederación Hidrográfica, en relación a la  admisibilidad de los posibles vertidos que pudieran generarse, que constituía uno  de los puntos más espinosos del trámite.

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