El concurso de acreedores se ha convertido en un último recurso para las empresas españolas que se encuentran en una situación notoria de crisis económica. Se trata, por otro lado, de una figura jurídica diseñada para este tipo de coyunturas y que se ideó para dar solución a determinados aspectos, los cuales se concretan en el próximo apartado.

Teoría y práctica del concurso de acreedores

Como se señalaba en la introducción, el concurso de acreedores posee dos finalidades específicas. A grandes rasgos, implica un proceso destinado a satisfacer una serie de deudas con los trabajadores, ordenadas en torno a criterios de igualdad y jerarquía entre ellas y, en última instancia, salvar la empresa de una disolución que supone un escenario más que probable (con todos los datos objetivos sobre la mesa).

Por otro lado, España ha vivido un desarrollo relevante del recurso al concurso de acreedores, sobre todo, en el marco de la crisis económica estructural que el país ha atravesado desde 2008. Sin embargo, su utilización no ha estado exenta de dudas y algunos escándalos en su regulación.

De hecho, más allá de lo comentado acerca de la teoría del concurso de acreedores, se ha de reseñar que la entrada en este proceso suele finalizar, en ocasiones, con la liquidación de la empresa. Este es, lógicamente, el resultado más temido, puesto que origina diversos perjuicios para los empleados, entre los que se encuentran no cobrar parte de las deudas que la entidad ha contraído con ellos y perder igualmente el puesto de trabajo.

En definitiva, se ha constatado una distinción entre la teoría y la práctica del procedimiento asociado a los concursos de acreedores.

Distintos tipos de concursos de acreedores

De cara a comprender las diferentes posiciones de los trabajadores ante un concurso de acreedores, que es el objetivo de este texto, resulta fundamental analizar cómo se ha llegado al concurso de acreedores. No cabe duda de que se trata de una situación indeseable para cualquier empresa que se precie.

A grandes rasgos, un concurso de acreedores puede ser voluntario o necesario. En primer lugar, se debe recordar que el voluntario se halla impulsado por la propia compañía, la cual se adelanta a la posible incoación del proceso por parte de los trabajadores.

Por lo que respecta al concurso de acreedores necesario, se encuentra, como se avanzaba en el párrafo anterior, en manos de los trabajadores la opción de ponerlo en marcha. Cualquier empleado puede iniciar el proceso. Básicamente, los interesados serán aquellos a los que se les deban nóminas. No en vano, recurrir al concurso de acreedores supone, por una parte, una medida preventiva, ante la posibilidad de que los dueños de la empresa consideren la opción de "dejar morir lentamente" el proyecto. Por otra parte, existe otra finalidad, la cual se relaciona con el mal menor de satisfacer la mayor parte de los sueldos que se adeudan, aunque pueda no recuperarse una parte. En estos casos, si la compañía desea frenar el proceso, lo hará mediante el pago ante el juzgado de los salarios que se deben. Se entiende que dicha consignación económica respondería a las demandas de los trabajadores.

Por otra parte, también se entra en concurso de acreedores obligatorio, más allá de si lo ha pedido un empleado, en los dos meses posteriores al conocimiento de un estado de insolvencia por parte del administrador concursal. Aparte, si este no ha solicitado entrar en concurso de acreedores, en la coyuntura comentada anteriormente, deberá asumir las deudas que se generen, desde ese momento, con cargo a su patrimonio personal.

Nombramiento y funciones del administrador concursal

Las atribuciones de un administrador concursal difieren, en función de si el concurso presenta un carácter voluntario o necesario.

La declaración de un concurso de acreedores por parte de un juez implica, asimismo, el nombramiento de un administrador concursal. Esta persona suele corresponderse, por lo general, con un economista o abogado que atesore, al menos, cinco años de experiencia.

Como se adelantó con anterioridad, la posición de estos administradores puede mostrarse dispar. En el caso del concurso voluntario, acompañará en su trabajo al administrador habitual de la sociedad, sin llegar en ningún momento a sustituirlo. Por lo que respecta a los concursos necesarios, sus atribuciones preeminentes revestirán carácter obligatorio.

Una de las funciones básicas del administrador concursal estriba en la realización de un informe relacionado con el estado patrimonial y financiero de la empresa en cuestión. Este informe contará, como principal meta, con la determinación de la viabilidad de la empresa en un futuro.

Si el administrador concursal considera que el negocio resulta viable, en el marco del plan que estipule se podrán incluir aplazamientos y quitas de la deuda. Por otro lado, si este determina la inviabilidad del proyecto, lanzará la proposición de la extinción de la empresa y ordenará, en función de los criterios ya citados, la relación de los créditos que se deberán abonar.

¿Qué derechos asisten a los trabajadores en el marco de un concurso de acreedores?

Antes de entrar en un proceso de concurso de acreedores, los empleados pueden acogerse a los derechos relacionados en la normativa laboral española. Por lo tanto, si estos se vulneran, pueden interponer una demanda ante la jurisdicción social.

Se debe también considerar que los trabajadores no solo tienen derechos, en el contexto del concurso de acreedores, sino que igualmente disponen de obligaciones. En este sentido, una de las segundas pasa por seguir acudiendo, con normalidad, al puesto de trabajo. También cabe la posibilidad de que el administrador concursal les conceda permisos retribuidos y asociados a no cubrir puntualmente su puesto de trabajo.

Otro de los derechos que poseen los trabajadores inmersos en un concurso de acreedores consiste en la petición de modificaciones en sus condiciones de trabajo, así como la suspensión o extinción de sus contratos. Estas opciones, en la práctica, remiten a la potestad, en función del estado económico de la empresa, de impulsar un expediente de regulación de empleo de extinción o suspensión de contrato (es decir, un despido colectivo). Este último escenario implica una indemnización mínima de 20 días por año trabajado (en 12 mensualidades, como máximo). Esta petición se puede formular desde que el juez haya emitido el informe concursal aunque, si este no llega, puede presentarse en cualquier momento del proceso.

También cabe señalar que, cuando se produce un cambio sustancial de las condiciones de trabajo (reducciones de jornada y salario o modificaciones de turno), a nivel colectivo, los empleados no dispondrán del derecho a la rescisión de contrato. Por su parte, si se produce un traslado, no se podrá cobrar la indemnización en el caso de que este se produjera dentro de la misma provincia y a menos de 60 kilómetros de distancia.

¿Cómo se establece el pago de las indemnizaciones y los salarios?

Ya se indicó, con anterioridad, que el administrador concursal establecía una prelación entre las deudas que se debían abonar a los acreedores de la empresa.

En este aspecto, a continuación, se enumeran las siguientes por orden de prioridad:

1. Créditos a la masa: Se pagan conforme se van devengando. No afectan a los derechos y bienes asociados al abono de créditos con privilegio especial.
2. Créditos con privilegio especial: Se presentan con cargo a los bienes y derechos, ya sean de ejecución colectiva o separada.
3. Créditos con privilegio general: Se abonan cuando se ha procedido al pago de los anteriores.
4. Créditos ordinarios: También se pagan con el remanente los créditos subordinados.

La relevancia del Fogasa

El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) es la institución encargada de garantizar que los trabajadores perciban tanto las indemnizaciones a las que tienen derecho como los salarios, en el marco de un concurso de acreedores. Interviene cuando el trabajador no ha podido recibir el cobro íntegro de las cantidades que se le adeudan.

En relación con los dos conceptos señalados anteriormente, el Fogasa ofrece una serie de garantías; por ejemplo, la cuantía resultante de la multiplicación por dos del salario mínimo interprofesional (SMI) diario (con inclusión de las pagas extra) por el número de jornadas laborales pendientes de pago (máximo, en este aspecto, de 20 días). El abono de las indemnizaciones por parte del Fogasa remitirá a la anualidad. En este sentido, el salario diario que supone la base del cálculo y que incluye las pagas extra no puede rebasar el doble del SMI.

Cabe destacar que, una vez satisfecho el pago de tales cantidades, el Fogasa se personará en el concurso de acreedores y subrogará la posición de los empleados, de manera que reclamará las mismas sumas y con la calificación de los trabajadores en cuestión. Por otra parte, se ha de reseñar que la intervención del Fogasa variará, en función del número de trabajadores de la empresa que se encuentre en concurso de acreedores. Bajo este aspecto, el límite de plantilla estipulado se fija en 25 trabajadores.

Por último, cabe esperar que los datos vertidos en este artículo sirvan para arrojar luz sobre una figura jurídica de creciente desarrollo en el Derecho Laboral.