Despido en excedencia: ¿salarios de tramitación?

Despido en excedencia: ¿salarios de tramitación?
Cuando un trabajador es despedido, tras una excedencia, y es imposible que vaya a ser readmitido, le corresponde cobrar los salarios de tramitación

Los salarios de tramitación han sido concebidos como una compensación que ha de recibir un trabajador cuando una sentencia le ha reconocido un despido improcedente o nulo y, por tanto, este habría de ser readmitido. Estos, a modo de compensación indemnizatoria al empleado, implican la recepción del sueldo que le correspondiera entre las fechas en las que fue despedido y readmitido. En otro orden de cosas, cabe destacar que, en un par de casos concretos, son el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y el Estado los actores que se han de hacer cargo del pago de estos salarios de tramitación. Pero por normal general tendrán que ser las empresas en las que se produzcan los despidos las encargadas de estos abonos.

Hay que señalar que, previamente a la reforma laboral que se aprobó en 2012, su pago era relativamente frecuente. Estos se acababan cobrando en los casos de los despidos nulos o improcedentes. Incluso, cuando en los casos de los despidos improcedentes, la empresa hubiese decidido afrontar el pago de una indemnización y no acordar la readmisión del trabajador. Sin embargo, a raíz de esta reforma, su reconocimiento se ha convertido en menos habitual. De todas formas, hay sentencias que, como se verá más adelante, vienen a corregir esta tendencia. De hecho, el Tribunal Constitucional contribuyó al aval de la reforma señalada en la Ley 3/2012.

Este texto, por su parte, se va a centrar en uno de los casos concretos relacionados con la percepción de los salarios de tramitación. Se trata de los despidos improcedentes tras expirar un periodo de excedencia del empleado. La clave de las coyunturas específicas que se van a analizar reside en la imposibilidad por parte de la empresa de hacer efectiva la reincorporación del trabajador.

A continuación, se evaluarán las condiciones que afectan a estas tesituras.

Un poco de contexto histórico

En primer lugar, vale la pena poner en antecedentes cómo se han producido las sentencias más relevantes sobre estos despidos.

Cabe remarcar que, en este aspecto concreto, las últimas reformas laborales realizadas por los Gobiernos españoles han disminuido las cargas que pesaban sobre los empresarios. En este sentido, se habían suprimido los salarios de tramitación de los despidos improcedentes y sus importes indemnizatorios y la nulidad de los objetivos con defectos de forma.

Por lo que respecta al primer supuesto, el hecho de que la empresa optase expresamente y durante el plazo hábil a estos efectos por una extinción contractual (en lugar de por la reincorporación) que ya implicara indemnización permitía que, pese que se declarara, posteriormente improcedente el despido, no hubiera que pagar los salarios de tramitación.

Se trataba, sin duda, de una decisión estratégica de las empresas, sabedoras de los derechos que les asistían. Tras las últimas reformas laborales, el cobro de los salarios de tramitación se estaba reduciendo a una serie de supuestos concretos. En este aspecto, la situación relatada en el anterior párrafo era la que se estaba reiterando en una amplia mayoría de los casos. Las empresas contaban con esta baza a su favor, la cual también era conocida como una desventaja interiorizada por parte de los empleados. Se producía, en consecuencia, una negociación en la que el trabajador terminaba por asumir su despido y los empresarios pactaban con él una indemnización, en concepto de compensación. Esta dinámica negociadora permitía a la empresa abonar una cantidad más baja de la inicialmente esperada.

Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo que más abajo se repasará rompe con esta tendencia en un supuesto concreto y que conviene conocer en profundidad. Como, en el global de los casos a tratar, eran pocos en los que se iban a conceder los salarios de trámite, aumentaban de manera paralela tanto los despidos como los litigios relacionados con ellos. Se producía, por consiguiente, una creciente judicialización de estos despidos. En las siguientes líneas, se presta una atención especial a esta casuística.

Salarios de tramitación y reingreso inviable del trabajador

La anunciada sentencia del Tribunal Supremo es la que ha cambiado la manera de proceder con los salarios de tramitación dependientes de unas excedencias en las que no se va a poder producir la readmisión del empleado. Antes de entrar en algunos detalles específicos de la sentencia en sí, conviene quedarse con el trasfondo de lo que va a implicar.

La particularidad de esta sentencia de instancia es que se sientan las bases de una excepción en el tratamiento de las discrepancias entre despidos improcedentes y salarios de tramitación. Esta particularidad proviene de que se ha constatado la imposibilidad de la reincorporación del trabajador en la empresa. Dicha imposibilidad, por su parte, se debe a complicaciones legales o materiales irreversibles, tales como los ceses de actividad de las empresas o los cierres de los centros de trabajo de las Comunidades Autónomas que gestionaban los empleos en cuestión.

En la sentencia de referencia, el Tribunal Supremo llega a una conclusión distinta a las interpretaciones literales y estrictas llevadas a cabo por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y el Estatuto de los Trabajadores (su artículo 56.2 regula las cuestiones asociadas a los salarios de tramitación). Esta se remite a la percepción de los salarios de tramitación, en la línea de lo que se había señalado en la introducción de este artículo.

En cuanto a la justificación de este fallo del Tribunal Supremo, se hace constar que el empresario no va a ejecutar ninguna opción, dado que, por las razones legales o materiales antes sugeridas, la reincorporación del empleado nunca va a poder hacerse efectiva. Por consiguiente, se aplican tanto la tutela judicial efectiva del trabajador como el principio de economía procesal.

Cabe valorar que las empresas que hubieran decidido indemnizar a los trabajadores que se encontraran en estas situaciones habrían acabado abonando unos salarios de tramitación que no estarían prescritos. Si esta opción dependiera del empleado, habría que concluir que resultaría normal que se le reconocieran los derechos a percibir los salarios de tramitación.

En consecuencia, se revela una coyuntura que han de tener muy en cuenta las empresas que, por las dificultades que estén pasando sus modelos de negocio, se encuentren en el contexto acuciante sobrevenido de tener que despedir a los trabajadores en excedencia. Así que, cuando se constata la imposibilidad de la reincorporación de determinados empleados que vayan a ser despedidos, los empresarios han de tener en cuenta que pueden tener que afrontar los gastos adicionales relativos al abono de los salarios de tramitación correspondientes.

¿Qué señala la sentencia del Tribunal Supremo?

Primeramente, vale la pena hacer un resumen de lo que expresa esta sentencia clave en la interpretación de las diferencias acerca de los despidos y del pago de los salarios de tramitación.

Cabe recordar que los periodos a lo largo de los cuales un empleado se encuentra de baja voluntaria no conllevan que siga recibiendo su sueldo por parte de la empresa. No obstante, si la firma acaba incumpliendo la obligación relativa a su reincorporación a los trabajos; su situación, a efectos de recibir los salarios de tramitación, va a ser equivalente a la de un trabajador que haya sido despedido de forma injusta. Por consiguiente, en este aspecto, pasa a adquirir los mismos derechos que un empleado que haya sido despedido de modo improcedente.

El empresario tendrá la obligación de compensar al trabajador por los perjuicios causados, por lo que el pago de estos salarios de tramitación tiene el carácter de indemnización.

A grandes rasgos, la ejecución de la sentencia de referencia tiene la importancia de convertirse en unificadora respecto a los despidos improcedentes que se lleven a cabo en los contextos de excedencias de los trabajadores; siempre que exista una negativa a la readmisión del empleado, la cual puede ser expresa o tácita.

En todos estos casos, el cobro de los salarios de tramitación se va a convertir en la regla a seguir. Por tanto, se produce una rectificación de la doctrina anterior y se adopta la tendencia unificadora, una nueva y con importantes efectos prácticos. Se modifica el sentido final de una serie de sentencias que se habían publicado entre 1998 y 2010.

La sentencia a la que se está haciendo referencia constantemente es la de la reunión en Sala General de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, la cual se hizo efectiva en fecha de 19 de diciembre de 2011. La citada Sala resolvía un recurso de casación fundamentado en la unificación de la doctrina que interpuso la empresa Atlántica de Handling S.L. Esta se interponía por su representante, José Luis Pinto Marabotto, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria de fecha de 27 de septiembre de 2010.

Este recurso de casación fue desestimado, por lo que el fallo se convirtió en histórico y tendrá que ser tenido en cuenta en los siguientes casos similares que se produzcan.

En definitiva, la sentencia que da origen a esta nueva visión de la doctrina implica que las empresas cuya subsistencia resulte problemática deban calcular el gasto que asumirían si proceden al despido improcedente de un empleado que se encuentre en excedencia.

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Comentarios (1)

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Javier

Enviado el

Si solicito excedencia de dos años por cuidado de un hermano discapacitado sin Tener yo la guarda legal, y lo hago sólo tres meses el primer año ( trabajaría otros 9 meses)y otros tres meses el segundo año. ¿ estaría jurídicamente y podría ser despedido durante el tiempo que transcurre entre los tres primeros meses y los últimos tres meses del segundo año? Es decir durante los 9 meses que hay en medio?
Gracias y saludos

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