España baja en Carbono, ¿Es posible?

Energías Renovables
La Comisión Europea lanzó en 2011 la Hoja de Ruta de Energía Europa 2050. Se busca modernizar el suministro de energía para bajar las emisiones de CO2.

La lucha para frenar el impacto de los seres humanos en el planeta fue, en el pasado, un tema que abría numerosos debates, pero parece que muchos países han logrado tomar por fin una determinación para abordar la cuestión del cambio climático desde diferentes perspectivas, fomentando las energías renovables e impulsando nuevos modelos y esquemas para tener, en un futuro cercano, una energía baja en carbono.

Con el fin de alcanzar su objetivo, la Unión Europea desarrolló su plan de crecimiento para esta década, el plan conocido como Europa 2020, en el que se aborda, entre otros aspectos, el fomento de un crecimiento sostenible.

No obstante, para ir más allá, la Comisión Europea lanzó en 2011 la Hoja de Ruta de Energía Europa 2050, cuya finalidad es desarrollar un marco a nivel europeo neutral en cuanto a tecnologías en el que se maximice la eficacia de las políticas locales, regionales y nacionales que buscan modernizar el suministro de energía.

En este documento se argumenta que el hecho de que exista un enfoque más homogéneo para alcanzar el reto de la modernización energética podría mejorar la seguridad y la solidaridad y disminuir los costes, ofreciendo mercados más amplios y flexibles.

La idea de esta Hoja de Ruta es que dentro de 35 años Europa se haya convertido en una región que posea un sistema energético seguro, competitivo y, por supuesto, totalmente descarbonizado. La razón de esta exigencia es que la energía es la responsable de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, conocidos como GEI, que produce el ser humano.

Así, en 2050 la Comisión Europea quiere conseguir que estas emisiones liberadas a la atmósfera se hayan reducido en más de un 80 por ciento pero sin que tenga perturbación alguna, tanto hacia el suministro energético como hacia la competitividad del sector.

Efectos a corto plazo

En este plan presentado por la Unión Europea se evalúan posibles escenarios con hipótesis de distintos efectos, retos y oportunidades derivadas de la modernización del sistema energético, teniendo en cuenta la posibilidad de que varíen los precios del carbono, las tecnologías y las redes. De las hipótesis que tuvieron en cuenta las principales opciones de descarbonización, que son la eficiencia energética, las energías renovables, la energía nuclear y la captura y almacenamiento del carbono, se extraen algunas conclusiones que podrían contribuir a la creación y puesta en marcha de estrategias de reducción de emisiones de carbono que podrían estar patentes en 2020, 2030 y los años siguientes.

Así, la Hoja de Ruta europea sostiene que es posible la descarbonización en el sistema energético y que, además, es menos costosa a largo plazo que las políticas energéticas que se implementan hoy en día. Por otro lado, en la hipótesis de descarbonización la dependencia de las importaciones se reduciría del actual 58 por ciento a entre un 35 y un 45 por ciento, por lo que la exposición ante la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, algo que actualmente estamos sufriendo, se reduciría sustancialmente.

Todas las hipótesis de un futuro hipocarbónico parecen indicar que la electricidad tendrá un papel cada vez más importante, por lo que los sistemas de generación energética tendrán que enfrentarse a numerosos cambios estructurales con el objetivo de lograr un porcentaje suficientemente alto de descarbonización en los próximos 15 años. Por eso, y según la hoja de ruta, es imprescindible iniciar cuanto antes la transición para minimizar al máximo mayores gastos en el futuro.

Además, según las hipótesis los precios de la electricidad subirán hasta 2030, momento a partir del cual empezarán a caer. Por esta razón, parece imprescindible incentivar la inversión en redes de electricidad inteligentes y en mejorar y hacer más eficaces las tecnologías de producción, transmisión y almacenamiento de energía.

De las hipótesis planteadas en la Hoja de Ruta europea se extrae que el recurso de energías renovables aumentará de forma muy significativa, alcanzando en torno al 55 por ciento del consumo energético bruto en 2050, y que la energía nuclear aportará una importante contribución al proceso de transición hacia la energía baja en carbono en los países donde se recurre a esta fuente de producción eléctrica baja en emisiones.

Asimismo, para este documento de la Comisión, la descentralización del sistema energético y la generación del calor aumentarán, a causa de la mayor producción eléctrica a partir de fuentes de energías limpias. Sin embargo, estos sistemas tendrán que colaborar cada vez más con los centralizados a gran escala, como son las centrales nucleares o eléctricas de gas.

¿Una España hipocarbónica?

Pero más allá de la legislación supranacional, en materia energética son los propios países los que tienen que hacer más, y las políticas energéticas españolas parece que han tomado ciertos desvíos de la intención principal de la Comisión Europea.

Lejos de lo que han llevado a cabo países como Dinamarca o Austria, que han aumentado incluso los porcentajes de reducción de emisiones de carbono para mitad de siglo, España ha desarrollado una legislación que dificulta el autoconsumo fotovoltaico y que genera una mayor dependencia del suministro convencional.

A través de la propuesta de Real Decreto para el autoconsumo de la electricidad en España, en lugar de fomentar esta práctica parece que se han impuesto determinados sistemas de peajes que dificultan la transición hacia un nuevo modelo de suministro.

Las condiciones administrativas, técnicas y económicas que propuso, en julio de 2013, el Ministerio de Energía para las modalidades de suministro energético eléctrico son, según la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), un obstáculo “que impedirá el desarrollo de una práctica de ahorro y eficiencia energética”, algo que sería muy beneficioso “para los consumidores y para el conjunto del país”.

La propuesta del Ministerio frena la evolución de la tecnología fotovoltaica, cuyos costes se han ido reduciendo a lo largo de los años, y que ha rentabilizado la instalación de paneles solares en viviendas de manera que la adquisición de energía pasara de ser suministrada de manera tradicional a ser producida a nivel individual.

Así, la propia UNEF ha definido este “peaje de respaldo” como una traba que lo único que hace es subir el precio del autoconsumo hasta el nivel de hacer que sea menos asequible que los precios del suministro eléctrico convencional.

Parece que la ruta que ha tomado España, en parte, no ha seguido la estela que hasta ahora han ido siguiendo la mayor parte de los países de su entorno, como Alemania o Italia, e incluso fuera de la Unión Europea, como Estados Unidos, Japón o Brasil, donde sí se ha dado un mayor impulso al autoconsumo para fomentarlo de manera que se desarrolle una generación más verde y limpia, con mayor eficiencia energética, generación que además traería consigo una caída en el desempleo contribuyendo a la creación de empleos verdes.

Según la UNEF, asociación sectorial de la energía solar fotovoltaica en el país, España parece ir remando “a contracorriente”, algo que muchas empresas también parecen considerar en materia de energía renovable. Especialmente después de que, en el marco de la reforma eléctrica, el Ministerio de Industria aprobara la eliminación de las primas a las renovables, principalmente a la energía eólica, asegurando que todas las instalaciones que funcionan desde antes de 2005 habían recibido una razonable rentabilidad y, por consiguiente, ya estaban amortizadas.

Desde el anuncio de la reforma, las reclamaciones no han cesado, ya que la reducción de las primas ha afectado al menos a un tercio de los parques del país. Durante los últimos meses, al menos tres demandas se han presentado contra la reforma del Ministro de Industria.

Esta medida dificulta que España alcance los niveles de energía limpia a los que se había comprometido, ya no para 2050, sino para 2020, un compromiso que se prevé que no llegue a cumplir. De un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente publicado a finales de 2014, se extrae que España no alcanzará el 20 por ciento de energía procedente de las renovables que fijó la Comisión Europea hace ya ocho años.

Aunque no se llegue a cumplir, la propia agencia entiende que el apoyo a las energías renovables ha ido aumentando, aunque todavía las energías convencionales siguen recibiendo significativas ayudas.

Las perspectivas no son muy alentadoras a corto plazo y, aunque todavía queda mucho por hacer, España parece que cumplirá con la primera fase del objetivo del protocolo de Kyoto. Sin embargo, lo hará utilizando la compra de derechos de emisión, como indicó recientemente el exministro de Medio Ambiente y ahora comisario europeo de Acción por el Clima y la Energía, Miguel Arias Cañete.

Así y todo, Arias Cañete ha indicado que, de cara a la cumbre de París, donde se renovarán los compromisos de Kyoto, quiere que se describa un protocolo que sea dinámico, transparente y vinculante y que, además, tenga capacidad para responder a las realidades políticas y económicas y para traducir los objetivos de la estrategia climática y energética para 2030.

Aunque la regulación energética se haya diversificado de las directrices europeas, España mantiene su compromiso de reducir el 60 por ciento las emisiones de carbono con respecto a las de 2010 para los próximos 35 años.

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