¿Hay que pagar IRPF en las indemnizaciones de despido? Hasta la reforma tributaria aprobada por el gobierno central, a finales de 2014, la respuesta era, casi en todos los casos, clara: No. Nunca. ¿Y ahora? ¿Está exenta de tributación la indemnización por despido de los trabajadores en España? La respuesta es: depende. A continuación, una explicación, por partes:

Si la indemnización por un despido no supera los 180.000 euros, no se pagará ni un euro a la Agencia Tributaria. Es decir, el dinero que abona la empresa se lo queda, íntegramente, el trabajador. Lo normal es que el 80% de los trabajadores despedidos en España no paguen ni un céntimo a Hacienda, al recibir su finiquito, ya que muy pocas indemnizaciones superan el umbral de los 180.000 euros.

Ahora bien, los trabajadores –habitualmente, directivos o cargos intermedios de grandes empresas- cuyas indemnizaciones superen los 180.000 euros, sí deberán pasar por la caja del Estado. Lo deben hacer desde noviembre de 2014, cuando entró en vigor una ley que, entre otras, modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el conocido IRPF.

Las estadísticas indican que apenas un 20% de los despedidos, hasta antes de la entrada en vigor de la ley, eran compensados con cifras de 180.000 euros o superiores. Hacienda considera estos ingresos como rendimientos del trabajo, por lo que deberán tributar, como cualquier otra ganancia, en el IRPF. Ahora bien, esta regla general tiene excepciones, en forma de exenciones.

Reducción por el cobro fraccionado

La ley establece que las indemnizaciones superiores a 180.000 euros tendrán derecho a una reducción de un 30% del importe, si, en vez de producirse en un solo pago, se abona el dinero en varios ejercicios, de manera fraccionada. Huelga decir que, en caso de no necesitar el dinero con urgencia, por motivos personales, empresariales o de otra naturaleza; la indemnización diferida supone un ahorro fiscal notable y una merma de ingresos para el Estado.

La indemnización a plazos no se puede imponer al trabajador

Ahora bien, la indemnización en diferido, en varios años, no se puede imponer al trabajador. No se puede decidir unilateralmente por la empresa. La ley es clara al respecto. El Estatuto de los Trabajadores establece, para los despidos objetivos, que la  indemnización debe pagarse con el preaviso –siempre por escrito- que el trabajador recibe para ser informado de la decisión de la empresa.

El trabajador, por su parte, tampoco puede imponer que la indemnización por despido sea pagada a plazos. La fórmula, totalmente legal, se podrá utilizar cuando beneficie a ambas partes o ambas la prefieran. Por ejemplo: es habitual que la empresa prefiera atesorar el efectivo en su caja a prescindir de él. Y muchos trabajadores renuncian a un ingreso inicial fuerte –cerca de unos 180.000 euros o más- a cambio de un ahorro sustancial en sus pagos, en concepto de IRPF.

La indemnización en diferido también es habitual, en casos de empresas que atraviesan problemas económicos, un hecho frecuente tras la gran recesión de 2008. Se recomienda, en caso de negociar un pago a plazos, abordar un procedimiento de conciliación. Esta es una buena manera de, en sede neutral, fijar los plazos y cantidades a pagar y buscar garantías que eviten que, en caso de quiebra de la compañía, el trabajador despedido se quede sin indemnización. Los avales son comunes en este tipo de casos.

Atención con los despidos pactados

Una interpretación de la norma ha causado no pocos problemas a muchos trabajadores que, creyendo que no debían tributar tras recibir su finiquito, han sido objeto de procedimientos por parte de la Agencia Tributaria. Se trata de los despidos con apariencia de haber sido realizados bajo pacto o de mutuo acuerdo.

Un ejemplo corriente se puede comprobar en la siguiente situación. Una sociedad despide a un trabajador, le reconoce la improcedencia de su decisión –el despido improcedente- y le indemniza con la cantidad que estipula la ley, sobre la base de su contrato, salario y antigüedad. El empleado recoge su finiquito y, con él, su indemnización.

En este caso, y en otros, la Agencia Tributaria ha interpretado que la decisión ha sido pactada. Y, en este supuesto, se debería pagar el IRPF correspondiente por las cantidades percibidas.

Por último, hay una cuestión con la que se debe ser cauto y que está, en cierto modo, sujeta a interpretación. Si una empresa despide, reconoce la improcedencia del despido y el asalariado acepta la indemnización, se puede entender que tiene un origen pactado o de mutuo acuerdo, por lo que se podrían tener que pagar impuestos, por las cantidades percibidas.

Así lo establece, con cierta claridad, la ley: “Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, tributarán en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato”.

Tribunales de arbitraje o procedimientos de conciliación

Para evitar dudas, muchos expertos en legislación laboral recomiendan acudir a tribunales de arbitraje o procedimientos de conciliación. Allí, se cierra la indemnización, en sede neutral y en presencia de profesionales del derecho; dejando claro, a ojos del fisco, que el despido no responde a una entente entre compañía y empleado.

Indemnizaciones, en caso de despido colectivo

Ahora bien, si una empresa acomete un expediente de regulación de empleo (ERE) y llega a un acuerdo con los trabajadores despedidos, ¿se pagará a la hora de hacer el impuesto sobre la renta? Igual que en el caso anterior. Sólo el personal que cobre más de 180.000 euros. La ley lo deja claro: “en los supuestos de despidos colectivos realizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o (…)  del artículo 52 del citado Estatuto, siempre que, en ambos casos, se deban a causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor, quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para el despido improcedente”.

Indemnización y retorno al antiguo puesto de trabajo

Un trabajador despedido e indemnizado por su empresa no podrá volver a ésta. A no ser que asuma la devolución de la exención por IRPF disfrutada en su día. Así lo establece el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas desde 2007. Esta normativa, que desarrolla su correspondiente ley, deja claro que  la exención está supeditada a una verdadera desvinculación del trabajador y la compañía. Para reducir la arbitrariedad, el fisco asume, a no ser que se demuestre lo contrario, que no se da esa desvinculación si, en los tres años siguientes al despido, el empleado vuelve a trabajar, de manera directa o indirecta, para esa empresa u otras relacionadas con ella.

La indemnización por fin de contrato no es un finiquito por despido

No hay que confundir la indemnización por despido con el fin de contrato. En los dos supuestos, el trabajador afectado recibirá un finiquito. En ocasiones, el fin de contrato también lleva aparejada la percepción de alguna cantidad, anteriormente acordada, por el fin del contrato, pero eso no lo convierte en un despido. Estos están exentos -hasta los 180.000 euros- de tributar al fisco, pero no así el dinero recibido por la finalización de un contrato.

En consecuencia, estas percepciones sí se verán afectadas por las retenciones de IRPF. Un contrato por obra o un contrato temporal entran en esta categoría. En España, con uno de los mercados de trabajo con más contratos de este tipo, estos finiquitos son más que habituales. Su perceptor pagará por el tipo marginal que le corresponda, entre el 24 y el 45%.

Efectos recaudatorios de la medida

La nueva normativa sobre indemnizaciones por despido y tributación entró en vigor en noviembre de 2014, dentro de un paquete de medidas más amplio, con un objetivo declarado: incrementar la recaudación en este campo. Hasta ese momento, los pagos por despido improcedente que no superaran los topes legales (45 días por año trabajado, antes de la reforma laboral; 33 días, desde la entrada en vigor de ésta, a principios de 2012) no tributaban por el impuesto de la renta.

El gobierno de España calcula que no cobrar por este concepto redujo la recaudación, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, en unos 400 millones de euros al año, durante los peores cinco años de la crisis, entre los ejercicios de 2008 y 2013. En ese periodo, se destruyeron algo menos de cuatro millones de empleos. El objetivo declarado de la reforma es que las indemnizaciones más elevadas paguen por el tipo marginal que les corresponda, entre el 24 y el 45%, según los ingresos del contribuyente.

La norma se inspiró en la legislación de Navarra y la Diputación de Guipúzcoa, una comunidad autónoma y una provincia con capacidad de regular estas cuestiones, que usaron su potestad para castigar las compensaciones de ejecutivos y profesionales con indemnizaciones elevadas.