Huelga. Es suficiente la normativa actual que regula este derecho.

Normativa del Derecho a Huelga
El debate acerca de la regulación del derecho de huelga se reactiva, cíclicamente, en el marco de la política española. Analizamos todas las connotaciones.

El debate acerca de la regulación del derecho de huelga se reactiva, cíclicamente, en el marco de la política española. Resulta normal que cualquier ordenamiento jurídico suscite, ocasionalmente, controversias. Este debate resurge, aunque sin excesiva prioridad en la agenda política y mediática, tanto cuando se va a convocar una huelga general como en periodos en que esta perspectiva se antoja, más o menos, lejana.

Unas nociones legales y definitorias básicas

Cuando se aborda cómo ha de materializarse la regulación del derecho a la huelga, obviamente, se ha de partir de la legislación vigente en este sentido. Se da la circunstancia de que el derecho a la huelga, en España, se rige por el Decreto Ley de Relaciones Laborales de 1977. Se trata, por lo tanto, de una ley preconstitucional, anterior a la restauración del sistema democrático en España.

En este aspecto, cabe pensar que un derecho de la importancia del que regula la huelga merece una normativa específica que pueda delimitarlo con la concreción deseable.

No en vano, la huelga es un evento que confronta de manera sensible, como decía el diputado en el Congreso del PNV Josu Erkoreka, los intereses del orden público y de los ciudadanos, empresarios y convocantes.

La finalidad de garantizar unos derechos que pueden colisionar entre sí hace pensar en la necesidad de una ley que especifique todos los supuestos posibles.

A grandes rasgos, la concepción básica de la huelga remite a su ejercicio como un instrumento fundamental de los trabajadores, unidos por lazos de solidaridad, para obtener beneficios comunes.

Historia y tipología de las huelgas

Sin embargo, a pesar de la validez general de la anterior definición, no hay una concepción unívoca de la huelga, sino que este instrumento de reivindicación de los trabajadores ha tenido diferentes consideraciones, según las distintas coyunturas históricas. Asimismo, existen diferentes clases de huelgas. A continuación se resumen, en líneas generales, los aspectos que determinan la tipología de las huelgas.

En primer lugar, hay que destacar que, aparte de la jurídica, existen, al menos, tres aproximaciones teóricas paradigmáticas de la huelga:

  • Histórica: como motor de cambio social. De evento reprimido a la consolidación como derecho constitucional.
  • Económica: sin lugar a dudas, la huelga tiene costes para todos aquellos a los que, de alguna manera, afecta: empresarios, trabajadores, consumidores...
  • Sociológico: en un mundo cada vez más individualista y atomizado, la huelga tiene un alto valor simbólico, como refuerzo de la recuperación de la identidad y dignidad colectivas de los trabajadores.

Por lo que respecta a la aproximación histórica, la primera etapa de existencia de huelgas la marca el periodo comprendido entre finales del siglo XVIII y XIX. La segunda etapa transcurre durante la primera mitad del siglo XX, una época marcada, sin duda, por los conflictos que asolaron Occidente. Por último, la victoria de los aliados en la II Guerra Mundial supuso una consolidación de los valores democráticos en el mundo occidental y, por consiguiente, el pleno reconocimiento jurídico del derecho a la huelga.

La aproximación económica analiza, básicamente, los efectos económicos que ocasiona la huelga en trabajadores y empresarios.

En la aproximación sociológica, el análisis reviste, principalmente, rasgos conflictivos y simbólicos. Se reconoce la huelga como instrumento de canalización de la manifestación de tensiones relacionadas con las relaciones laborales, instrumento de autoafirmación de los trabajadores y exaltación de identidad y dignidad colectivas. En el actual mundo globalizado, carente de los antiguos referentes omnicomprensivos del siglo XX, esta función ritual y simbólica no es baladí.

Por otra parte, hay que incidir en que no existe una concepción homogénea de la huelga, sino que es multívoca, según sujetos y épocas. A grandes rasgos, los trabajadores sí que la utilizan para defender sus intereses, condicionar las políticas del Estado y autotutelar sus preferencias.

De hecho, en un mayor nivel de concreción, pueden señalarse las siguientes notas definidoras de la huelga (estos rasgos pueden aparecer en solitario o de manera conjunta): paralización de la actividad laboral, cese colectivo y concertado, presión contra los poderes públicos o el empresario e intento de mejora de las condiciones sociales, económicas y políticas.

Por lo que concierne a la tipología de estos conflictos, en primera instancia cabe distinguir entre huelgas clásicas y no clásicas. Las últimas se dividen en rotatorias o turnantes, de rendimiento y de reglamento o celo.

En función de su intensidad y extensión, pueden diferenciarse las huelgas generales y las de solidaridad. El tipo de reivindicación, por su parte, permite identificar huelgas ofensivas y a la defensiva. Por último, según la contraparte, cabe delimitar huelgas políticas y profesionales.

Servicios esenciales y el concepto de servicio mínimo

Los agentes sociales ostentan la autonomía para especificar, en cada huelga y sector concreto, unos servicios mínimos en función de los servicios esenciales recogidos en la ley española.

La lista de los servicios públicos de carácter esencial incluye los siguientes: vida, libertad, seguridad, salud, medio ambiente, patrimonio artístico, tutela de la libertad de circulación, asistencia y prevención social y educación.

Los servicios mínimos coyunturales se fijan por medio de negociación colectiva. El profesor Eduardo Rojo Torrecilla prioriza este marco de fijación de los servicios mínimos. La remisión a los reglamentos de servicio habría de resultar meramente supletoria, es decir, se habría de utilizar cuando se hubiera demostrado la imposibilidad de alcanzar un acuerdo colectivo entre los agentes sociales.

Estos acuerdos o, en su defecto, las normativas de aplicación supletoria, adquieren valor de preceptos legales y, en caso de incumplimiento, quienes incurran en ello serán objeto de sanción. En todo momento, se trata de ofrecer seguridad jurídica a todos los afectados por la huelga.

El asunto de la fijación y el respeto de los servicios mínimos, de hecho, constituyen uno de los asuntos más espinosos de una huelga. Bruno Trentin, persona que ha ocupado la secretaría de la Confederación Italiana de Trabajadores, se ha lamentado de que se haya empleado recurrentemente el perjuicio a los trabajadores como criterio de medición de la eficacia de una huelga.

En conclusión, Jesús Cruz, catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla, opina que se debería clarificar el hecho de que la Administración sea juez y parte en el establecimiento de los servicios mínimos. También considera excesivo el tiempo que tardan los magistrados en determinar si dichos servicios mínimos se ajustan o no a la legalidad. Esta crítica, por otra parte, se puede insertar en el debate, de carácter más amplio, relativo a la lentitud de la justicia española, un caballo de batalla para los juristas hispanos.

Aparte, el profesor Jesús Cruz también aboga por una mayor concreción de las sanciones por incumplimiento de los servicios mínimos.

El debate político actual sobre la regulación del derecho de huelga

En la línea de lo comentado en el anterior apartado, la fijación y el respeto de los servicios mínimos genera habitualmente polémicas. Polémicas que implican, generalmente, a políticos y empresas públicas.

Temas que, por tanto, deberían solventarse en ámbitos estrictamente laborales, pasan a la agenda política y adquieren una nueva dimensión. Evidentemente sobredimesionada, ya que sobredimensionados pueden llegar a ser también sus efectos.

Fue el caso, por ejemplo, de la última huelga de los servicios de limpieza que se vivió en Madrid. La espectacularidad del pulso sostenido entre Ayuntamiento (nada menos que en la capital de España) y empresa, televisado y con una expectación creciente, está lejos de encarnar las condiciones ideales de un proceso de negociación relacionado con una huelga.

Ni esta presión mediática ni las declaraciones de algunos políticos para poner a la población en contra de los trabajadores forman parte de las condiciones deseables de un proceso de negociación colectiva. Asimismo, la actividad de los piquetes, poco clarificada en la normativa vigente, tampoco ayudó, por la realización de determinadas malas prácticas.

La figura de los piquetes informativos resultaría difícil de precisar en una nueva normativa. El catedrático de Relaciones Laborales, Sandalio Gómez, afirma que regularla pasaría por limitarla e, incluso, por prohibir los piquetes informativos. Un asunto controvertido, por tanto.

Otras opiniones de expertos juristas coinciden en considerar el anacronismo de la huelga general en un contexto de sociedad de servicios. A grandes rasgos, se considera que los mayores perjudicados son los consumidores, más que los empresarios. De hecho, un planteamiento plausible estriba en la posibilidad de conseguir los mismos resultados y repercusión por medio de una manifestación.

Otra complicación, ligada a las complejidades del mercado laboral actual, tiene que ver con los intereses en ocasiones contrapuestos de los trabajadores. Uno de los objetivos que persigue una huelga radica en la unión solidaria de los trabajadores. Sin embargo, se observa a menudo, sin necesidad de que se promuevan tácticas de esquirolaje, la división que el planteamiento de un horizonte huelguístico trae aparejado.

Desde un punto de vista jurídico, cabe señalar que sí que interesa actualizar, como en el caso de otros ordenamientos, el derecho a la huelga. La problemática estriba en que el debate político coloniza el jurídico. Apostar por una nueva normativa conlleva limitar una cierta imprecisión que puede llegar a favorecer los intereses sindicales. Se da la circunstancia, un tanto contraproducente, de que las fuerzas sindicales y los partidos de izquierdas se encuentran, en este caso, más cómodos con una normativa preconstitucional que no tienen intención de modificar.

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