Los salarios en España permanecen estancados desde 2008. La fuerte destrucción de empleo, tras largos años de recesión económica, ha abierto una brecha en el poder adquisitivo de la sociedad, que, desde el Gobierno y los agentes sociales, luchan por enmendar. No es fácil, teniendo en cuenta que, entre 2012 y 2014, el incremento salarial no ha superado el 0,6 % anual. Supone cantidades irrisorias, pero marca una tendencia y corresponde a intenciones favorables a vincular el crecimiento salarial a la mejora de la economia española, que se prevé que crezca en torno al 3 % en el próximo ejercicio.
La destrucción de puestos de trabajo, el aumento del desempleo, el abaratamiento del despido, un mercado de trabajo denostado y el estancamiento salarial son, para España, cuatro lacras que retrasan sus objetivos en cuanto a desarrollo humano. De ahí que las conversaciones entre patronal, sindicatos y Gobierno versen siempre sobre cómo solucionar el estado general de la economía. Si bien durante los últimos años la estrategia emprendida ha sido devaluar los derechos adquiridos para obtener competitividad con respecto a países, normalmente, “más baratos”, es el momento de cambiar el signo de la deriva, a medida que se construyen empleos y una masa laboral sostenible y desvinculada de burbujas que faciliten el derrumbamiento de la economía. Estos monocultivos laborales han lastrado la calidad del modelo de crecimiento.
Para entender cómo los agentes sociales se comprometen voluntariamente, no por Decreto del Gobierno, a mejorar el signo de la economía y bienestar de las familias, hay que observar detenidamente los acuerdos alcanzados en cuanto a incrementos salariales. Ejercicios, sin duda, de muy buenas intenciones, pero que, aún hoy, no se reflejan (o lo hacen muy levemente) en el bolsillo de la clase trabajadora.
Acuerdos sociales
Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y la hecatombe financiera, causantes primordiales de la debacle social y económica, los diferentes Gobiernos que se han sucedido en la Moncloa han tenido la voluntad de mediar entre la patronal de empresarios y los sindicatos de trabajadores para alcanzar acuerdos en favor de las dos partes. Por un lado, para que la masa trabajadora mejore sus condiciones salariales y gane poder adquisitivo; y, por otro, para establecer incrementos vinculados a la productividad y adecuados a los balances empresariales, de cara a que la amenaza de quiebra no planee sobre las empresas. En este sentido, desde 2010 se han rubricado tres grandes acuerdos que, a pesar de no vincular legalmente a las empresas, suponen una muestra clara de la buena armonía que se desea instituir en materia de Negociación Colectiva:
I Acuerdo para el Empresario y la Negociación Colectiva (AENC) de 2010: tras el fracaso obtenido en 2009, cuando, por mediación del Gobierno Zapatero, fue imposible alcanzar una suerte de acuerdo en la materia, por fin, se estipuló la primera gran alianza entre los agentes sociales. En ella, se establecía un incremento salarial de entre el 1 y el 2 %, para el año 2011; y, entre el 1,5 y el 2,5 %, para 2012. Sin embargo, en este último año no se llegó a aplicar, ante la inminente firma del siguiente pacto.
II Acuerdo para el Empresario y la Negociación Colectiva (AENC) de 2012: denominado “el acuerdo de la contención salarial”, supuso el primera gran baza del Gobierno Rajoy, recién estrenado en la Moncloa. Este acuerdo preveía incrementos salariales del 0,5 %, para 2012; 0,6 %, para 2013; y 0,7%, para 2014, si el PIB no superaba el aumento del 1 %, que fue lo que ocurrió.
III Acuerdo para el Empresario y la Negociación Colectiva (AENC) de 2015: con una sintomatología favorable de la economía española, los agentes sociales volvieron a reunirse el pasado mes de junio, esta vez para firmar un tercer acuerdo en esta línea. El texto establece un incremento de salario de hasta el 1 %, para 2015 ;y del 1,5 %, como tope, para 2016. Con todo esto, los últimos análisis de convenios reflejan que la subida salarial se mantiene en el 0,97 %, una cifra muy cercana al 1 % que recomienda el acuerdo.
Amenazas para el crecimiento económico
La contención aún reina en los salarios, a pesar del 3 % que se prevé que aumente el PIB tanto en 2015 como en 2016. En esta tónica, el Director del Banco de España, José María Linde, asegura que los sueldos pueden ser incrementados, siempre que “no amenacen al empleo” y para las compañías que reflejen buenos resultados. “No de manera generalizada”, explica. Ante una tasa de desempleo que supera el 22 %, Linde, además, se muestra preocupado por el riesgo que vincula las subidas salariales a la reducción de la tasa de paro. Algo que podría derivar en consecuencias fatales para los objetivos de reducción de la tasa de desempleo fijados por el Gobierno, teniendo en cuenta que esta es la principal preocupación de los españoles, a tenor de los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) durante los últimos años.
Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) de la CEOE, el coste unitario por trabajador en el segundo trimestre de 2015 se situó en el 0,4 %, por lo que se redujo levemente con respecto a los primeros tres meses. En relación con estas cifras, los empresarios, debido a los incentivos de fiscalidad del Gobierno, pagan menos por contratar a los trabajadores y obtienen un margen superior para devolverlo en forma de salarios. Sin embargo, el coste laboral ordinario apenas creció el 0,2 %.
Las consecuencias de la devaluación salarial sistemática, cuyo fin es ganar competitividad de cara al exterior, son las constantes conversaciones entre patronal y agentes sociales para alcanzar acuerdos que establezcan, definitivamente, un incremento de salario que se vincule a los niveles europeos de productividad, mucho mejores que las ratios españolas.
En este sentido, la lucha se hace latente entre los sindicatos, que solo cuentan con su derecho a organizar huelgas generales que paralicen la economía; y la arbitrariedad en la fijación de salarios que establecen las compañías para remunerar a sus trabajadores, percibida por los primeros como poco justa y equitativa. En esta línea, alcanzar unas relaciones fluidas entre los dos agentes se hace imprescindible, sobre todo, en épocas de crisis, cuando un frenazo súbito motivado por huelgas sistemáticas puede decelerar el signo de la recuperación. De ahí que el Gobierno siempre esté dispuesto a sentarse para hablar en materia de Negociación Colectiva.
Situación salarial en España
El salario medio en España alcanza los 22.653,55 euros, según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2013. El último acuerdo alcanzado en materia de Negociación Colectiva para los próximos tres años supondrá un incremento salarial de 16 euros al mes, es decir, unos 200 euros al año.
Realizando un repaso entre los trabajos menos remunerados y los que alcanzan mayor cuantía, se observa una brecha salarial importante. Mientras que el salario mínimo interprofesional español para 2015 es de 756,70 euros (apenas 10.000 euros al año) para actividades poco cualificadas, hay sectores que pagan hasta 80.000 euros. Es el caso de la Dirección Financiera. Por sectores, es el mejor remunerado, según el Informe Internacional de Tendencias de Recursos Humanos 2015 elaborado por Randstad Professionals.
El sector del marketing y de las ventas, asimismo, paga a sus directores alrededor de 70.000 euros anuales. Por detrás, destacan las ingenierías, que remuneran a sus directivos con una horquilla de entre 47.000 y 63.000 euros de media anuales.
La agencia especializada en reclutar talento, en su Informe, además, señala cifras muy reveladoras. El 53 % de las compañías ha mejorado sus balances en el último año, debido, en buena parte, a las perspectivas favorables de recuperación económica que ya empieza a notar. Un aumento de su actividad y la fluidez con que se rubrican acuerdos empresariales están facilitando nuevamente que el engranaje de la economía vuelva a funcionar por sí mismo. Sin embargo, aún son muchas las empresas que, a tenor de este informe, no observan ninguna recuperación en su actividad. Concretamente, una de cada cuatro (el 24 %) piensa que su situación ha empeorado en los últimos meses.
Aun con todo, los resultados de Randstad sí cifran en un 27 % el número de compañías que ha mejorado las condiciones salariales de sus trabajadores, frente al 64 % que las ha mantenido y el 7 % que las ha degradado.
España demanda una actuación efectiva para mejorar la calidad del trabajo y que se establezca una coyuntura económica favorable. Esta labor implica a todos (Gobierno, patronal y sindicatos). Solo un gran pacto por la igualdad laboral que determine los incrementos salariales cuando la productividad empresarial mejora puede garantizar la recuperación del poder adquisitivo dejado en el camino de la crisis y hacer que las familias restablezcan sus niveles de vida anteriores a ella.
Estos compromisos afectan a todos. Sin embargo, debido a la política de “no injerencia” del Gobierno en la deriva empresarial, este deja en manos de la patronal y confederación de empresarios la fijación voluntaria de incrementos reales. Todo ello, de una manera legalmente no vinculante que puede exasperar los ánimos de las clases más desfavorecidas, en la base de la pirámide salarial. Revertir la situación y alcanzar una distribución equitativa de la riqueza sigue siendo una asignatura pendiente.
