Indemnización disuasoria. ¿Posible aplicación judicial?

Indemnización disuasoria. ¿Posible aplicación judicial?
La indemnización disuasoria es una figura que aparece en el artículo 183 de la LRJS (Ley Reguladora de la Jurisdicción Social), pero no acaba de aplicarse

Por desgracia, es cada vez más frecuente encontrarse con noticias donde se da cuenta de vulneraciones de derechos fundamentales de los trabajadores por parte de las empresas donde prestan sus servicios. Además, esas infracciones afectan más a las mujeres que a los hombres.

Son casos, por ejemplo, de discriminación de empleadas embarazadas o de acoso en el centro de trabajo. Además, en muchos de ellos, las empresas que los cometen son reiterativas. Tanto es así que, a veces, los tribunales se encuentran con varias demandas judiciales contra una de ellas por parte de sus trabajadores. Hasta ahora, las sentencias se cerraban con sanciones económicas y abono de un dinero al empleado en cuestión, pero ahora se abre la puerta a la indemnización disuasoria, una figura muy habitual en el Derecho de Estados Unidos, pero menos en el europeo.

La indemnización disuasoria, una nueva vía punitiva

En efecto, existen empresas que, cada cierto tiempo, se enfrentan a los tribunales por conductas reiteradas de vulneración de derechos fundamentales de sus trabajadores. Estas afectan tanto al colectivo de empleados como a cada uno de ellos individualmente. Un ejemplo de las primeras conductas es el de impedir la libertad sindical o boicotear el derecho de huelga y otro de las segundas es el caso aludido de despido de una embarazada o el de acoso en el trabajo.

Incluso las administraciones públicas han aparecido en los periódicos más de una vez por vulnerar estos derechos. No hace mucho tiempo, por ejemplo, el Gobierno de Baleares se negaba a pagar las guardias a profesionales sanitarias por hallarse embarazadas o en fase de lactancia. Esto atenta contra la igualdad de derechos de los profesionales a su servicio.

Hasta ahora, todos estos hechos se saldaban con una multa a la empresa responsable y con una indemnización al trabajador o trabajadora en cuestión. Sin embargo, los profesionales del Derecho llevaban tiempo reclamando que se aplique la denominada indemnización disuasoria para cortar de raíz estas prácticas en toda empresa reincidente.

¿Qué es la indemnización disuasoria?

Como su propio nombre indica, se denomina así a la imposición a la empresa que vulnere los derechos de un trabajador de una cuantía indemnizatoria más elevada de lo normal con un doble objetivo. Por una parte, que el infractor no reincida y, por otra, que otras empresas se conciencien del peligro que suponen esta clase de conductas delictivas.

Legalización de la indemnización disuasoria

Realmente, esta figura punitiva ya existe en la legislación. Concretamente, está contemplada en la LRJS o Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. En su artículo 183 se ordena a la judicatura que, a la hora fijar indemnizaciones por estos delitos, tuvieran en cuenta dos aspectos. Por un lado, la reparación al trabajador por el daño causado. Y, por otro, lo que podría denominarse función preventiva. Dicho con otras palabras, disuadir a los infractores de volver a dañar los derechos fundamentales de sus empleados. Y, a la vez, mostrar a otras empresas el perjuicio económico que conllevan estas prácticas delictivas.

Por tanto, la doctrina estaba asentada. Las indemnizaciones en estos casos debían ser más elevadas con esa doble finalidad reparadora del daño causado y disuasoria de volver a cometerlo 

La indemnización disuasoria en la práctica

Pese a todo lo dicho, hasta ahora los jueces habían hecho caso omiso del mandato de la LRJS. En muchos casos, ni siquiera imponían una indemnización a la empresa causante del daño. A modo de ejemplo, cabe citar el de una sentencia del juzgado número 4 de Bilbao en 2018 que declaró nulo un despido por invalidar una prueba de videovigilancia, pero no fijó ninguna indemnización adicional. Y también otra del número 1 de Cartagena, en el mismo año, que anuló el despido de una embarazada en periodo de prueba sin sumar cuantía económica para esta.

Y, en el mejor de estos, la cuantía de la misma se limitaba al mínimo que marcaba la LISOS o Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social cuyo texto refundido se aprobó por Real Decreto 5/2000 de 4 de agosto. Es decir, a un importe de 6250 euros con independencia de la gravedad del hecho en cuestión.

Bien es verdad que las sentencias invocaban con frecuencia esa doble función reparadora y disuasoria. Pero se quedaba en mera retórica judicial sin ninguna aplicación en la práctica. Es decir, sin que las empresas causantes del daño fueran sancionadas económicamente de tal forma que no reiterasen tales conductas. Y también es cierto que ha habido unos pocos casos en que se ha aplicado.

Quizá uno de los primeros haya sido la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias como respuesta a un recurso de Correos y Telégrafos. Este organismo había sido demandado por vulneración de la libertad sindical. Los demandantes pedían el reconocimiento de los créditos sindicales, que se declarase la conducta de correos como lesiva contra los derechos sindicales de los trabajadores y que se condenase al organismo demandada por ello. Pero, además, se solicitaba una indemnización por daños morales de 6000 euros. Y este último aspecto es el que guarda relación con la indemnización disuasoria. La sentencia fue ratificada íntegramente.

Otro caso relevante fue una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Respondía a la demanda interpuesta por una trabajadora a la que habían despedido por someterse a un tratamiento de fertilidad. En su resolución, el citado Tribunal no solo declaró tal actuación discriminatoria, sino que además condenó a la empresa a abonar una indemnización de 25 000 euros por daños morales a la empleada. Una parte de esta cantidad iba destinada, efectivamente, a reparar la vulneración de derechos de la trabajadora. Pero otra tenía la intención de que la empresa condenada no volviera a repetir tales conductas.

Sin embargo, estos pleitos donde se imponían indemnizaciones reparadoras del daño y disuasorias no pasaban de testimoniales. Eran muy pocas las sentencias en las que se aplica ese tipo de indemnización llamada a evitar que la empresa demandada volviera a incurrir en malos comportamientos.

Un caso llamado a cambiar las cosas

No obstante, parece que esto está empezando a cambiar a la luz de algunos casos recientes. Uno de ellos, llamado a sentar jurisprudencia, es la sentencia 1532/2018 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con fecha 17 de julio. En ella, se fija una cantidad añadida a la inicialmente impuesta y se motiva la resolución justamente en el aspecto disuasorio para la empresa infractora.

No es del caso entrar a presentar en detalle el origen del problema que motivó la citada sentencia. Pero cabe decir que, a grandes rasgos, se condenaba al Servicio Vasco de Salud por casos de incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales. La indemnización impuesta en principio era de 20 000 euros por daños morales a la víctima y el organismo público recurrió al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Finalmente, este emitió sentencia donde reafirmaba la culpabilidad del citado organismo. Y, además, incrementaba la indemnización a abonar por este en otros 12 000 euros. Si los primeros 20 000 se aplicaban en concepto de daños morales por atentar contra un derecho fundamental del trabajador, la segunda cantidad se imponía con objeto de prevenir la repetición de tales conductas por parte del Servicio Vasco de Salud. Es decir, los 12 000 euros constituían a todos los efectos una indemnización disuasoria. Y además, fueron aplicados teniendo en cuenta que el organismo público condenado era reincidente en tales conductas, pues ya existían sentencias condenatorias para él en casos anteriores.

Con todo ello, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se ha erigido en ejemplo para otros juzgados españoles. Es de esperar que cada vez un mayor número de ellos decidan aplicar este tipo de indemnizaciones disuasorias en sus sentencias. Al fin y al cabo, así lo manda la ley.

Bien es cierto que, como tantas veces ocurre, esta no es nada clara en su redacción. Porque el citado artículo 183 de la LRJS detalla pormenorizadamente los criterios que deben seguir los magistrados a la hora de evaluar la indemnización correspondiente al trabajador. Pero solo alude a la indemnización disuasoria en una frase, al decir que la cuantía indemnizatoria también debe responder al fin de «prevenir el daño».

En conclusión y a modo de resumen, la indemnización disuasoria es una figura que ya aparece en el artículo 183 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Consiste en aumentar la cuantía que la empresa declarada culpable debe abonar al trabajador perjudicado con objeto de que la primera no se atreva a incurrir en comportamientos delictivos. En otras palabras, incrementar la indemnización que la empresa debe pagar para disuadirla de volver a caer en tales conductas que atentan contra los derechos fundamentales de los trabajadores. Y, al mismo tiempo, servir como ejemplo para que otras empresas no caigan en esos comportamientos.

Hasta hace muy poco tiempo, la indemnización disuasoria tan solo aparecía en algunos casos testimoniales o en declaraciones de buenas intenciones de los magistrados. Sin embargo, sentencias recientes como la del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contribuyen a reactivar el debate sobre esta figura. Y, sobre todo, dan la impresión de que por fin va a comenzar a aplicarse.

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