Indemnización por despido de fijos discontinuos

Indemnización por despido de fijos discontinuos
Los trabajadores fijos discontinuos presentan ciertas particularidades a la hora del cómputo de su antigüedad para la adquisición de derechos laborales

Existe cierta confusión en torno al cómputo de la antigüedad de los trabajadores fijos discontinuos a la hora de adquirir derechos laborales. El debate aparece habitualmente a la hora de determinar la indemnización que les corresponde por despido.

¿Debe computarse su antigüedad desde que se inició su relación laboral? ¿O, al contrario, computan solo los períodos de tiempo correspondientes a los servicios efectivamente prestados?

El conflicto ha sido resuelto por el Tribunal Supremo, en el sentido de que es el convenio colectivo el encargado de estipular de qué modo se computa la antigüedad, dado que en su seno se regulan los complementos correspondientes a esta categoría.

En este sentido, no resulta contrario al principio constitucional de igualdad que se establezca un sistema de cómputo de la antigüedad particular para los trabajadores fijos discontinuos, dado que el mismo sistema al que se someten presenta peculiaridades respecto a otros regímenes laborales.

Y esta conclusión se ha alcanzado conforme a los razonamientos jurídicos que a continuación se analizan.

Sentencia n.º 29/2018 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 18 de enero

En el asunto abordado por la STS n.º 29/2018, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (en adelante, AEAT) tenía contratado a un grupo de trabajadores para auxiliar al contribuyente durante las campañas de la renta.

Estos trabajadores estaban reclamando los derechos que les correspondían por antigüedad. Y ello porque consideraban que su permanencia al servicio de la AEAT debía computar desde que iniciaron su relación laboral con la misma. Pretensión que fue estimada por la sentencia de instancia.

Sin embargo, la AEAT recurrió esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Su posición era que la naturaleza de trabajadores fijos discontinuos de los demandantes implicaba que solo podían computarse los períodos de tiempo efectivamente trabajados para consolidar derechos por antigüedad.

El órgano jurisdiccional estimó parcialmente el recurso, revocando el pronunciamiento respecto a la promoción profesional. De modo que respetó el fallo en lo relativo a la promoción económica.

Descontentas ambas partes con el pronunciamiento, recurrieron en casación ante el Tribunal Supremo. El objetivo era esclarecer cómo debe computarse la antigüedad de los trabajadores fijos discontinuos a la hora de causar derechos como el complemento salarial por antigüedad o la promoción profesional.

¿Debe computarse el tiempo transcurrido desde que se inició la prestación, o solo el tiempo de prestación efectiva de servicios?

Posición favorable al cómputo exclusivo de los períodos efectivamente trabajados

Evidentemente, la AEAT alegó a favor de computar únicamente los períodos efectivamente trabajados. Para ello, invocó la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 14 de diciembre de 1999. Esta sentencia fijaba la antigüedad de la trabajadora del caso en la prestación de servicios, argumentando:

  1. El art. 25.1 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET) establece que las retribuciones que corresponden al trabajador son las establecidas en el correspondiente convenio o contrato, mientras no sean discriminatorias.
  2. En el caso contemplado ninguna norma ni pacto obligaban a considerar los periodos de inactividad para la fijación del complemento por antigüedad.

Sin embargo, en opinión del Tribunal Supremo la sentencia recurrida y la sentencia de contraste no decidían sobre una cuestión coincidente.

El convenio de la AEAT (al contrario que el aplicable al caso resuelto por el TSJ del País Vasco) permitía computar solo los períodos de prestación efectiva de servicios a efectos de consolidación de los derechos laborales.

Así pues, el Tribunal Supremo entendió que el juez a quo había realizado una interpretación ilegítima del convenio, al inaplicar el convenio a trabajadores fijos discontinuos con base en los principios de igualdad y proporcionalidad derivados del art. 12.4 del ET, aplicables a los trabajadores a tiempo parcial.

Principios de igualdad y proporcionalidad

El art. 12.4 del ET determina las reglas que deben regir el contrato a tiempo parcial. Al efecto, establece su forma escrita, la inclusión del número de horas, las particularidades de la jornada…

En lo que toca al asunto de este artículo, su letra d) estipula que los trabajadores a tiempo parcial comparten los derechos de los trabajadores a tiempo completo. Derechos que deben reconocerse de manera proporcional al tiempo trabajado.

El problema es que el contrato a tiempo parcial, que es el regulado en el art. 12, no es el contrato fijo-discontinuo, regulado en el art. 16. Estos se diferencian en cuanto a la certidumbre o no de los momentos en que será necesario prestar el servicio.

Por tanto, siendo tipos de contrato diferentes que obedecen a finalidades diferentes, el Tribunal Supremo no acepta la aplicación analógica de sus respectivas normas.

Es precisamente esta diferencia la que impide que el derecho a la igualdad, recogido en el art. 14 de la Constitución, despliegue aquí sus efectos. El principio de igualdad prohíbe respuestas diferentes a fenómenos idénticos, pero en este caso los fenómenos son claramente diferentes.

Resultado del recurso

En definitiva, el recurso prosperó, ya que el propio ET establece que el convenio colectivo es la norma que regula las condiciones sustanciales de trabajo, incluyendo las mejoras relacionadas con la persona del trabajador (en este caso, las adquiridas por antigüedad).

Sin embargo, no se establece la aplicación analógica al trabajador fijo-discontinuo de las normas propias del trabajador a tiempo parcial. Por tanto, debe entenderse que mantienen regímenes diferenciados, como se ha explicado más arriba.

En el caso de los trabajadores de la AEAT, las campañas de la renta no se inician y finalizan en días ciertos. Por tanto, el régimen de aplicación coincide con el de su contrato: trabajadores fijos discontinuos.

Además, el propio tenor literal del convenio establecía que para optar a los complementos de antigüedad había que acumular determinado tiempo de servicios prestados efectivamente: “se devengarán a partir del día primero del mes en que se cumplan tres o múltiplos de tres años de relación laboral prestando servicios efectivos […]” (la negrita es nuestra).

Jurisprudencia en torno a la antigüedad

En la sentencia que se viene analizando, el propio Tribunal recordó su criterio: la definición de antigüedad puede diferir en cada instrumento regulador de sus beneficios.

Decae así el argumento de una desigualdad entre los trabajadores fijos discontinuos y los trabajadores a tiempo parcial porque sus situaciones son diferentes. Lo que impide la acción del art. 14 de la Constitución.

Posición contraria al cómputo exclusivo de los servicios efectivamente prestados.

Evidentemente, los trabajadores invocaron que debía computarse, a efectos de consolidar derechos por plazo de antigüedad, el tiempo transcurrido desde la entrada en la empresa, incluso para la promoción profesional.

El Tribunal Supremo reiteró que no podía utilizarse un sistema de cómputo para determinar la promoción económica y otro para la promoción profesional.

Conclusión del asunto

En definitiva, el Tribunal Supremo dio la razón a la AEAT, revocando las correspondientes sentencias y desestimando las demandas de los trabajadores. La doctrina estima que la adquisición de derechos relativos a la antigüedad computa conforme a los servicios efectivamente prestados.

Otros pronunciamientos

El Tribunal Supremo reiteró su posición una semana más tarde, en su Sentencia de 25 de enero de 2018, cuando en un voto particular defendió que el concepto de la antigüedad no tiene por qué identificarse con el tiempo de servicios.

De este modo, el concepto jurídico de antigüedad adquiere un sentido propio en cada una de las situaciones en las que se emplea, por lo que el modo de referirla y computarla será completamente casuístico.

Más todavía, en la misma situación laboral podría darse que ciertos elementos (como la promoción económica) dependan de un modo de computar la antigüedad que no compartan otros elementos (como la promoción profesional).

De modo que es perfectamente posible que la indemnización por despido compute la antigüedad del trabajador desde que fue contratado y, en la misma situación, su complemento salarial por antigüedad solo compute el tiempo de servicios efectivamente prestados.

El cálculo de la indemnización por despido

La doctrina parece bastante inclinada a considerar que la indemnización por despido debe calcularse de acuerdo con el tiempo de servicio efectivamente prestado y con los días de descanso correspondientes.

También parece pacífico que en este tiempo deben incluirse aquellos períodos en que no se ha prestado servicios por estar vinculado a una causa legal de suspensión de la relación laboral.

Básicamente se trataría de acercar los criterios de cómputo de plazos que se utilizan para las prestaciones de la Seguridad Social a los empleados para los derechos adquiridos por tiempo de permanencia en la empresa.

En cualquier caso, esto son solo algunas propuestas, porque lo que sí está claro es la doctrina que sigue el Tribunal Supremo: es el instrumento regulador de los derechos adquiridos por antigüedad el que debe indicar cómo se computa tal antigüedad.

Y para ello puede establecer diferencias entre cada uno de los derechos o los efectos del transcurso del tiempo.

Conclusión

El cómputo de la antigüedad del trabajador fijo-discontinuo a efectos de determinar su indemnización por despido no debería dar problemas cuando esté regulado en un instrumento convencional. Éstos son el convenio colectivo y su contrato de trabajo.

Sin embargo, ante la ausencia de regulación explícita, parece razonable computar tan solo los períodos durante los que se haya prestado servicios, añadiendo a los mismos los días correspondientes a fiestas legales y a determinadas suspensiones de la prestación laboral.

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