Interés moratorio y judicial. Diferencias

Interés moratorio y judicial. Diferencias
La deuda salarial da lugar, como norma general, a intereses moratorios de un 10 % anual en caso de impago, interés que debe diferenciarse del de ejecución.

Uno de los principios básicos que el Derecho establece para las obligaciones dinerarias, sea cual sea su origen, es que el deudor debe compensar al acreedor si se retrasa en el pago de la deuda. En el ordenamiento jurídico, esa compensación tiene su traducción en los llamados intereses de demora, que pueden producirse tanto en deudas civiles como en aquellas que tienen su origen en una relación laboral. 

Las deudas entre empresario y trabajador, sin embargo, no tienen siempre tienen la misma naturaleza. Esa es la razón por la cual no siempre les resulta de aplicación la misma norma ni los mismos intereses moratorios. Es preciso remontarse a la obligación incumplida (o cumplida de forma tardía) para examinar cuál es el régimen jurídico aplicable y cuál es el montante al que da lugar la aplicación de los intereses que dicta. A su vez, ha de distinguirse entre los intereses que tienen su origen en la relación laboral y aquellos que se devengarán desde que una sentencia reconozca la deuda hasta el momento en el que esta se abone. 

La mora en el Estatuto de los Trabajadores

Una de las cuestiones de más relevancia para el cómputo de los intereses de demora en el ámbito laboral es identificar la normativa aplicable a la deuda que los ha originado. Si bien es cierto que la mora por excelencia es la regulada en el Código Civil (artículos 1101 y 1108), hay que recordar que esa no es la ley a la que debe recurrirse cuando el contrato del que surge la deuda es laboral y no civil. En esa tesitura, es preciso dirigirse, en primer lugar, al Estatuto de los Trabajadores (ET).

En materia de intereses de demora resulta aplicable la previsión del artículo 29.3 del ET, según el cual el interés por mora en el salario será del 10 % de lo adeudado. Como el Estatuto de los Trabajadores no dice nada al respecto, debe entenderse que el interés es anual por aplicación subsidiaria del artículo 1101 del Código Civil. Esa interpretación es coherente con el carácter compensatorio de los intereses de demora. De hecho, ha sido al aceptar que los intereses moratorios laborales se incrementen con el paso del tiempo cuando el Tribunal Supremo (TS) ha dado por bueno su valor como indemnización. Anteriormente, ese 10 % se concebía solamente como una sanción al empresario que no pagaba el salario debido y, en consecuencia, se aplicaba como un porcentaje invariable sobre la cantidad debida.

El cambio de criterio no es necesariamente más perjudicial para el deudor, esto es, para el empresario. Si satisface pronto la deuda (antes de un año), puede terminar pagando un interés inferior al 10 %.

El devengo

Durante algún tiempo se sucedieron varias discrepancias sobre el momento a partir del cual resultaba aplicable el interés del 10 % a la deuda salarial. En una primera línea jurisprudencial, el Tribunal Supremo estableció que solamente generarían intereses de demora aquellas deudas que no fueran discutidas. En esta decisión importaba el criterio tradicional del Código Civil para reconocer la concurrencia de intereses de demora: que la deuda estuviera vencida y fuera exigible y líquida.

Esa línea jurisprudencial dio pie a estrategias procesales fraudulentas en pleitos en los que los empresarios discutían las cantidades adeudadas con la mera finalidad de evitar el devengo de ese interés del 10 %. Así las cosas, el TS rectificó y reconoció que, como norma general, el devengo debía producirse a partir del momento en el que el empleado debió percibir el salario no abonado. Solo impuso una condición: que este lo solicitara en la demanda.

El 10 % de demora que establece el artículo 29.3 ET es de aplicación incluso en aquellos casos en los que la demanda ha prosperado a pesar de que la deuda no fuera líquida, según argumenta el TS. El porcentaje no debe ser compensado ni ajustado a la inflación y, además, no cabe que el empresario se oponga a él aduciendo que existían dudas razonables sobre la cantidad o la exigibilidad de la deuda.

La sentencia de 17 de junio de 2014 de la sala cuarta del TS consagra esta línea jurisprudencial, que sigue siendo la aplicable. En ella, el alto tribunal defiende que este cambio de criterio permite una mayor protección del trabajador en sintonía con el espíritu de la norma.

No es menos cierto, sin embargo, que en algunas ocasiones los tribunales han admitido excepciones a esta regla. Han sido casos contados, en los que la cuantía económica discutida era ciertamente elevada. Puede hacerse referencia, sobre todo, a litigios que tienen su origen en conflictos colectivos y que, por ende, afectan a una gran cantidad de trabajadores. Aunque algunos juristas ven en esta decisión los últimos coletazos de la línea jurisprudencial anterior, sus defensores argumentan que las garantías que rodean el conflicto colectivo permiten acreditar con mayor facilidad que verdaderamente existe una discrepancia fundamentada en torno a la cantidad adeudada. No se trataría de la argucia de un empresario que decide no reconocer una deuda para evitar pagar el 10 % de interés, sino de un auténtico enfrentamiento en la interpretación de un convenio o un contrato. Para este tipo de deudas sí cabe, no obstante, la posibilidad de reclamar el interés legal del dinero del artículo 1108 del CC.

Intereses originados tras el procedimiento laboral

Hasta ahora, se han abordado los intereses de demora que se originan como resultado del impago de la deuda laboral. Dicho interés, que empieza a devengarse en el momento en el que debió ser pagado el salario, dejará de correr en el momento en el que el trabajador presente la correspondiente demanda.

Hay que señalar que ningún interés se origina durante el tiempo en el que el litigio esté pendiente de resolución por parte de los juzgados. De lo contrario, se estaría trasladando a las partes de la disputa la consecuencia de unas acciones procesales, el avance y resolución del proceso judicial, que están fuera de su esfera de control. En cambio, y desde el momento en el que se dicte sentencia, podrá aparecer un nuevo interés: el llamado interés judicial o de ejecución. Estos intereses entrarán en juego si el juez de lo social estima la demanda del trabajador, condenando al empresario a pagar los salarios no abonados.

La sentencia condenatoria establecerá la cifra total que deba abonar el empresario, especificando la cantidad que corresponde al salario no abonado y la que corresponde a los intereses de demora. Pero es posible que esa no sea, finalmente, la cantidad a pagar. Para el caso de que el deudor se retrase, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) prevé un pago adicional de intereses de ejecución o procesales, cuya finalidad es disuasoria. Lo que se pretende es que el deudor no se retrase aún más en el pago de la deuda o que, en el caso de que lo haga, el acreedor vea su espera adecuadamente compensada. Su regulación se encuentra en el artículo 251.2 de la LRJS, artículo que remite de forma explícita a la regulación general de los intereses de ejecución, que se encuentra en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Así, por cada año de retraso deberá aplicarse un interés igual al legal incrementado en dos puntos, salvo que las partes hubieran acordado previamente algo distinto. 

Especificidades del interés de ejecución en la jurisdicción social

A sabiendas de la importancia que puede tener para el trabajador percibir de forma puntual su salario, la LRJS prevé una especificidad para los casos en los que se produzca un retraso cualificado incluso después de que haya recaído una sentencia condenatoria. Si transcurren más de tres meses sin que el empresario haya satisfecho la totalidad de la deuda (incluyendo el salario, los intereses sustantivos y los de ejecución), el interés legal que deberá abonarse podrá incrementarse en tres puntos en ciertos supuestos. Concretamente, el Estatuto de los Trabajadores contempla dos:

  • El primero, que el empresario haya incurrido en una falta de diligencia patente a la hora de cumplir la sentencia y responder al pago.
  • El segundo, que se haya incumplido la obligación de manifestar bienes o elementos patrimoniales que debieran estar afectos al pago de la deuda. Eso no excluye que, en caso de que el iter procedimental no termine en primera instancia por presentarse un recurso, el tribunal competente pueda moderar esos intereses si decreta una revocación parcial de la sentencia recurrida. 

En conclusión, hay que diferenciar entre aquellos intereses que tienen lugar después de que haya recaído una sentencia condenatoria por impago (intereses de ejecución o procesales) y aquellos que se originan por no pagar puntualmente la deuda original (intereses sustantivos).

Hecha esta distinción, hay que ver qué porcentajes de interés se aplican a esas deudas. Si son salariales, serán del 10 %. Si no lo son, a pesar de ser entre el trabajador y el empresario, el interés aplicable será el del artículo 1108 del Código Civil. El pago de conceptos como las mejoras voluntarias o dietas, por ejemplo, queda fuera del ámbito de aplicación del artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores.

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