Justicia gratuita en el ámbito laboral

El debate acerca de la justicia gratuita se ha reabierto, en España, a raíz del anuncio de nuevas tasas durante la última legislatura ¿Es un derecho?

El debate acerca de la justicia gratuita se ha reabierto, en España, a raíz del anuncio de nuevas tasas durante la última legislatura. En la línea de los derechos que figuran en los artículos 24 y 25 de la Constitución, España es un Estado democrático de Derecho, por lo que la justicia gratuita entronca con su concepción asistencial o social.

Este debate se torna más polémico en el ámbito de la jurisdicción social, muy próxima al laboral. Forma parte de los cambios suscitados en el orden político, en relación a las vías para salir de la crisis económica estructural que afecta a España y otros países de Europa desde 2008.

En este aspecto, se entrecruzan dos debates de gran calado. Por una parte, el de los recortes en derechos sociales, con el fin de implantar políticas de austeridad que disminuyan el gasto corriente y contribuyan a relanzar la economía del Estado. Por otra parte, el que alerta de la escasez de medios y la alta actividad características de la justicia española. La conjunción de estos factores habría conducido a una cierta parálisis de estos servicios. A priori, el cobro de ciertas tasas desincentivaría determinados recursos a la justicia y serviría para recaudar fondos y dotar de medios y mayor funcionalidad a esta Administración.

En resumen, se trata de un debate abierto y candente, pero, en todo caso, vale la pena remitirse a las leyes para confirmar que, más allá de modificaciones puntuales de matiz, se reconoce el derecho a la justicia gratuita para los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social.

La ley de asistencia jurídica gratuita: una introducción

Conocida también como Ley 1/1996, de 10 de enero, fue publicada en el BOE de 12 de enero de 1996. Esta ley trata de asegurar a todas las personas la tutela judicial efectiva.

El artículo 119 de la Constitución, por su parte, ya previene sobre la gratuidad de la justicia, cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, para quienes acrediten su insuficiencia de recursos para litigar.

Por lo tanto, se garantiza una actividad prestacional, por parte del Estado, para proveer de los medios que hagan este derecho efectivo.

Por otro lado, a pesar de que el ámbito personal de aplicación de esta ley es amplio, el orden jurisdiccional centrará el interés prioritario de este texto.

¿Quiénes pueden ser beneficiarios de la justicia gratuita?

A nivel general, como se avanzó en el párrafo anterior, cuando demuestren su insuficiencia de recursos para litigar: los ciudadanos españoles, los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que residan en España. Además, también pueden acceder a la justicia gratuita las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (en todo caso) y las fundaciones inscritas en el registro administrativo correspondiente y las asociaciones de utilidad pública previstas en el artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación (cuando acrediten su insuficiencia de recursos para litigar).

En los órdenes contencioso-administrativo y jurisdiccional penal y la vía administrativa previa, tendrán derecho a la justicia gratuita los ciudadanos extranjeros que carezcan de recursos para litigar, incluso cuando no residan legalmente en España.

Por último, con independencia de los recursos para entrar en litigios (es decir, de las rentas), podrán acceder a la justicia gratuita los siguientes colectivos:

  • Víctimas de la violencia de género, del terrorismo y de la trata de seres humanos.
  • Personas con discapacidad psíquica y menores de edad que hayan sido víctimas de maltrato o abuso.
  • Causahabientes, en caso de fallecimiento de la víctima y siempre que no sean ellos los agresores.

Finalmente, en el orden jurisdiccional social, por lo que respecta a la defensa en juicio, los trabajadores y beneficiarios del régimen de la Seguridad Social tienen reconocido su derecho de acceso a la justicia gratuita, sin necesidad de acreditar la insuficiencia de recursos.

Trámites y documentación

En relación al orden jurisdiccional social, que se cita en el párrafo anterior, solo habrá que acudir al Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) del colegio de abogados correspondiente. Allí se formalizará la solicitud y se aportará la querella o denuncia oportuna.

Los trabajadores del SOJ informarán al interesado sobre orientaciones y requisitos relativos al derecho a la justicia gratuita. Además, sus letrados han de resolver provisionalmente la concesión o no de la asistencia jurídica gratuita.

Por otro lado, a continuación, se relaciona un listado orientativo de los documentos que se habrían de aportar para que sea reconocida la asistencia jurídica gratuita:

  • Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia del interesado.
  • Certificado de liquidación del IRPF o de no haber presentado la documentación (de toda la unidad familiar, en caso de no estar obligados).
  • Certificado catastral de bienes inmuebles.
  • Nota simple del Registro de la Propiedad, si se alegan cargas sobre un inmueble.
  • Certificados de altas y bajas de la Seguridad Social.
  • Certificado del INEM de periodos de desempleo y percepción de subsidios.
  • Certificado del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) en el que figure la percepción de ayuda por desempleo y su periodo de extensión.
  • Certificado de cobro de pensiones públicas.
  • Certificado de liquidación del Impuesto sobre Sociedades (en el caso de las personas jurídicas).
  • Fotocopia de la declaración de utilidad pública o la inscripción en el Registro de Fundaciones (en el caso de las personas jurídicas).
  • Certificado de la empresa que acredite los ingresos brutos anuales.
  • Certificado de signos externos del ayuntamiento donde radique el domicilio de solicitante.
  • Certificado de empadronamiento.
  • Otros documentos que valgan para acreditar los datos alegados.

De cara a aligerar trámites, los colegios de abogados pueden solicitar algunos de estos certificados. También cabe destacar la agilidad que proporciona el expediente electrónico de justicia gratuita. A grandes rasgos: ahorra desplazamientos y esperas en ventanillas, aporta transparencia en la gestión, minimiza los errores del expediente administrativo y reduce el coste económico y los plazos de tramitación hasta en cuarenta días.

Prestaciones y alcance de la gratuidad

Las prestaciones a las que puede acceder el interesado están recogidas en el artículo 6 de la citada ley de asistencia jurídica gratuita y son las siguientes:

  • Tasas.
  • Orientación previa y asesoramiento.
  • Defensa y representación de abogado y procurador.
  • Pago de tasas y depósitos para la interposición de recursos.
  • Reducción del 80 % de los aranceles correspondientes a escrituras públicas y obtención de copias y testimonios y de los derechos arancelarios correspondientes a la obtención de notas, certificaciones, anotaciones y asientos e inscripciones en el Registro de la Propiedad y Mercantil.
  • Asistencia pericial en el proceso.

Por otra parte, el beneficiario del derecho de asistencia jurídica gratuita solo deberá pagar los honorarios del abogado y procurador, en caso de que fuera preceptiva su intervención. También debería abonar las peritaciones efectuadas por técnicos privados si en los tres años posteriores a la terminación del proceso mejorara su situación económica.

Si el titular del derecho anteriormente citado resultase vencedor del pleito, con beneficio económico de por medio y una sentencia que no se pronunciase sobre las costas, este debería abonar las causadas en su defensa, sin exceder la tercera parte del beneficio conseguido.

Condiciones de trabajo de los abogados en materia de justicia gratuita

El abogado designado por el turno de oficio puede reclamar su minuta cuando el beneficiario haya ganado el juicio y haya disfrutado de compensación económica, sin que la sentencia haya contemplado la cuestión de las costas. Asimismo, también podrá demandarla cuando la Comisión de Justicia Gratuita haya desestimado la pretensión del solicitante y se hubiera producido la designación provisional del abogado.

Por otro lado, no es posible elegir abogado o cambiarlo durante el proceso. Por su parte, el abogado tampoco puede excusarse de asumir la defensa designada.

Además, cabe señalar que los abogados deberán cumplir una serie de requisitos relacionados con el ejercicio efectivo de la profesión, la superación de cursos de acceso al turno de oficio y otros de especialización homologados.

Algunos aspectos relacionados con el proceso de la justicia gratuita

Por lo que respecta a los diferentes trámites, hay que destacar que sí que se dispone de plazo de subsanación (de diez días de duración), por si falta entregar algún documento para beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita. Aparte, la prestación de la asistencia jurídica gratuita tendrá efecto hasta la finalización del proceso, por lo que, en caso de que el interesado necesitara recurrir una sentencia, no sería necesario que volviera a solicitarla.

Básicamente, se puede solicitar la asistencia jurídica gratuita cuando el interesado haya sido demandado o quiera ejercitar una acción judicial.

Por último, respecto a los casos que conllevan mayores dudas (extranjeros) o los supuestos más excepcionales (víctimas de maltratos), la Comisión de Justicia Gratuita es el órgano se encargado de resolver los expedientes.

En definitiva, los cambios políticos y las diferentes estrategias para abordar la salida de la crisis económica y el complejo y precario funcionamiento de la justicia española continuarán manteniendo vivo el debate acerca de la gratuidad de la justicia.

No obstante, el análisis pormenorizado de las leyes, como la 1/1996, que desarrollan este derecho constituirá la alternativa más útil para comprender su alcance.

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