Los informes no financieros ven la luz

Ámbito de aplicación, contenido y obligatoriedad de la información no financiera que hay que presentar y publicar tras la aprobación de la Ley 11/2018

El 29 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE la Ley 11/2018 (que entró en vigor al día siguiente de la publicación), por la cual se modificaron las siguientes leyes:

  • Código de Comercio.
  • Ley de Sociedades de Capital.
  • Ley de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.

Además de la citada modificación, esta ley también supuso la integración en el ordenamiento jurídico de la Directiva 2014/95/UE, también en lo que respecta a la divulgación de la información no financiera y a información sobre la diversidad.

Origen

La ley tiene su origen en el Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre. Este cuerpo normativo establecía el objetivo de aumentar los hilos de información no financiera del informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales, incluyendo factores sociales y medioambientales, para aumentar la confianza de inversores y consumidores. Se pretendía mejorar la sostenibilidad de las empresas, mejorando el rendimiento y el impacto que ejercen en la sociedad y el respeto a los derechos humanos y a la lucha contra el fraude y la corrupción.

Esta normativa solo afectaba a entidades de interés público, pero con la entrada en vigor de la nueva ley, el número de sociedades obligadas es mucho mayor.

Ámbito de aplicación: más sociedades obligadas

Como ya se ha indicado, la ley amplió de forma significativa el número de sociedades que están obligadas a presentar el estado de información no financiera. La citada normativa contempla una aplicación progresiva:

1. De la entrada en vigor en adelante.

A partir de la entrada en vigor de la ley, estarán obligadas a presentar el informe no financiero, individual o consolidado, las sociedades que presenten los siguientes requisitos:

  • Que el número de trabajadores de la empresa o del grupo de empresas sean superior a 500.
  • Entidades de interés público, según la legislación vigente.
  • Empresas que durante dos años consecutivos, reúnan a fecha de cierre de cada uno de los dos años, a nivel individual o consolidado, dos de las siguientes circunstancias:
  • El total de las partidas del activo ha de ser superior a 20 000 000 euros.
  • El importe neto de la cifra anual de negocios sea superior a 40 000 000 euros.
  • El número de empleados de cada ejercicio sea superior a 250.

Las modificaciones introducidas por la Ley 11/2018 se aplicarán a partir del 1 de enero de 2018. En cuanto a los dos ejercicios computables según lo explicado más arriba, se tendrá en cuenta el ejercicio a partir de la fecha indicada y el anterior.

2. Período de tres años desde la entrada en vigor de la ley.

Cuando hayan transcurrido tres años desde la entrada en vigor de la ley, la obligación de presentar el estado de información no financiera será de aplicación a las sociedades con más de 250 trabajadores. No obstante, tienen que ser entidades de interés público, según la legislación vigente (con la excepción de pequeñas y medianas empresas). También pueden ser aquellas sociedades que reúnan a fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos una de las siguientes circunstancias:

  • El total de las partidas del activo sea superior a 20 000 000 euros.
  • El importe neto de la cifra anual de negocios supere los 40 000 000 euros.

Contenido de la información no financiera

Si se compara la Ley 11/2018 con la anterior norma reguladora, puede comprobarse que la nueva establece una mayor concreción del contenido que se incluye en el informe de gestión. La información a incluir es más clara, más precisa y más detallada:

  1. Modelo de negocio de la empresa. Se incluye el tipo de negocio y su entorno, así como la organización y la estructura. Además, habrá que incluir los mercados en los que opera, los objetivos y las estrategias; estos últimos datos son los que indicarán la evolución y las necesidades del grupo de empresas.
  2. Políticas. Se definirán los procedimientos y líneas directrices de la empresa, así como la diligencia debida.
  3. Resultados de la aplicación de las políticas. Son los indicadores clave de los resultados no financieros, que permiten el seguimiento de los avances. Los datos tienen que favorecer la comparación entre sociedades y sectores de acuerdo con las referencias que se utilizan para cada materia.
  4. Riesgos. Enumeración y explicación de la gestión de riesgos organizacionales, es decir, de los procedimientos que se llevan a cabo para detectarlos, y evaluarlos de acuerdo con los citados indicadores de referencia. La información que se incluya ha de ser sobre posibles impactos detectados ofreciendo un desglose de los mismos, así como una evaluación de estos a corto, medio y largo plazo.
  5. Indicadores clave de resultados no financieros. Para ello se utilizarán referencias que puedan ser aplicadas, además tienen que cumplir con las instrucciones de la Comisión Europea, así como los estándares del Global Reporting Initiative. Tendrá que indicarse en el informe si se ha utilizado un marco nacional, europeo o internacional, según la materia.

Las materias que contendrán la información no financiera están plenamente relacionadas con la responsabilidad social corporativa. Además, son las que tienen íntima relación con la sociedad actual. Son las siguientes:

  1. Política medioambiental. Las empresas tendrán que informar sobre datos relativos a la contaminación, prevención y gestión de residuos, la lucha contra el cambio climático, etc.
  2. Sociales y relativas a los empleados (incluyendo la denominada brecha salarial y la conciliación familiar y laboral).
  3. Respeto de los derechos humanos.
  4. Medidas contra la corrupción, el soborno y el fraude.
  5. Otros aspectos de la sociedad como tal (compromiso de esta con el desarrollo sostenible, proveedores, consumidores e información fiscal).

Con la anterior norma jurídica que regulaba esta materia cabía la posibilidad de que las empresas omitieran información. La justificación de las sociedades radicaba en que facilitar cierta información podía perjudicar gravemente su posición comercial. Esta posibilidad ha sido suprimida.

Emisión, verificación y publicación del informe

El estado de información no financiera se emitirá en un informe separado y tendrá que indicar de forma expresa que esta información forma parte del informe de gestión. Además, tendrá que incluir los datos e información que la ley obliga y tendrá que someterse a los mismos criterios de aprobación, depósito y publicación que el citado informe. Esta información ya venía contemplada en el Real Decreto-ley 18/2017.

En cambio, la normativa que regula esta materia sí que ha aprobado novedades en cuanto a la aprobación, verificación y publicación del estado de información no financiera:

  1. El informe sobre el estado de información no financiera tiene que ser presentado como un punto separado del orden del día, para que pueda ser aprobado en la junta general de accionistas de la sociedad.
  2. La información que se incluya en dicho informe tendrá que ser verificada por un prestador independiente de servicios de verificación. Será un auditor objetivo e imparcial el que verifique que en el informe de gestión está incluida la información no financiera, es decir, acreditará la existencia.
  3. El informe tendrá que ser accesible para cualquier tipo de público de forma gratuita y totalmente accesible, en la página web de la sociedad. El plazo para publicar dicho informe será de 6 meses a partir del cierre del ejercicio financiero y por un plazo de cinco años.

A pesar del proceso de verificación, existe el registro EMAS; esta acreditación será válida y suficiente para que las empresas cumplan con el apartado de información medioambiental.

Las empresas también podrán complementar la información medioambiental con estudios como el de la huella de carbono o de políticas de adaptación al cambio climático.

Ampliación de la diversidad en la elección de consejeros

La Ley 11/2018 introdujo una importante novedad al promover que los procedimientos en cuanto a la selección de consejeros en las sociedades cotizadas tienen que respetar la diversidad; la diversidad que promueve la normativa abarca el género, los conocimientos, la experiencia, la edad y la discapacidad. También se indica que debe promoverse la elección de consejeras en un número que permita el equilibrio entre hombres y mujeres que formen parte del consejo de administración.

Refuerzo de las competencias indelegables del consejo de administración

La supervisión, elaboración y presentación de la información no financiera, así como del informe de gestión preceptivo, se ha convertido en una función indelegable del consejo de administración de las sociedades cotizadas.

Ampliación del contenido del informe anual de gobierno corporativo en política de diversidad

La ley que ocupa el presente contenido no solo establece la política de diversidad en los consejos de administración, si no que también la amplía a la dirección y a las comisiones especializadas. Además, establece la obligatoriedad de informar al consejo de la sociedad de los criterios de diversidad en cuanto a la elección o renovación de los miembros de este, así como del resto de órganos.

Responsabilidad social

El Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas tendrá la obligación de emitir un informe anual sobre la información que se extraiga de los estados de información no financieros. Dicho informe tendrá que presentarse en el Senado.

La Ley 11/2018 ha supuesto un auténtico cambio legislativo al ampliar la información no financiera que tienen que proporcionar determinadas empresas. La información se amplía a materias tan importantes como los derechos humanos, la diversidad y la protección medioambiental.

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