Nulidad del despido colectivo: ¿es ejecutable?

Nulidad del despido colectivo: ¿es ejecutable?
El artículo 124 LRJS establece que, para el caso de ser respetado el despido colectivo nulo, la sentencia se acotará a declarar el derecho al trabajador

En el artículo 124 LRJS se regulan los despidos colectivos económicos por causas organizativas, económicas, de producción, técnicas o de fuerza mayor.

Las causas

La empresa podrá tomar una decisión, si se acoge a cualquiera de las causas nombradas en el párrafo anterior y la demanda podrá basarse en los siguientes temas:

  • En la comunicación escrita no está indicada la causa legal.
  • No se ha ejecutado el periodo de informes, no se han proporcionado los documentos previstos en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 51.7 del mismo texto de la normativa legal.
  • La decisión ha sido fraudulenta o ha existido un abuso de derecho o una coacción.
  • La resolución ha tenido una ejecución que vulnera las libertades públicas y los derechos fundamentales.

Las pretensiones referidas a la inaplicación de las reglas de prioridad de permanencia previstas convencional o, legalmente, establecidas en el acuerdo que se haya adoptado en el periodo de consultas, en ningún caso podrán ser objeto de este proceso. En el caso de que ocurriera, se planteará un procedimiento individual para tratar tales pretensiones, el cual está recogido en el apartado 11 de este artículo.

Cuando, como se recoge en el mismo, no se haya impugnado por los sujetos la decisión extintiva y hayan transcurrido veinte días, el plazo de caducidad para la acción por parte de los representantes de los trabajadores; el empresario, con el mismo plazo de veinte días, contando desde la finalización del plazo anterior, podrá interponer una demanda, con el objetivo de que se declare ajustada a derecho su decisión extintiva.

El empresario, presentando la demanda automáticamente, suspenderá el plazo de caducidad de la acción individual del despido.

En el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores se establece que, en el caso de que el periodo de consultas hubiera acabado con un acuerdo entre ambas partes, también deberá demandarse a las personas firmantes de este.

No es necesario agotar ninguna de las formas contempladas en el Título V del Libro I de la presente ley para presentar una demanda. Dicha demanda deberá ser presentada en el plazo de veinte días de caducidad desde la fecha en la que se alcanzó el acuerdo en el periodo de consultas o la de la notificación de despido colectivo a los representantes de los trabajadores.

Cuando se ha iniciado el proceso por parte de los representantes del colectivo de los trabajadores y se plantease una demanda de oficio de conformidad, según lo previsto en el artículo 148 de esta ley, se suspenderá hasta que haya una resolución. La autoridad laboral, en este supuesto caso, estará legitimada para formar parte en el proceso encausado por el empresario o los representantes de los trabajadores. Una vez dictada la sentencia, tendrá efectividad sobre el proceso de oficio pendiente de resolución.

El proceso atesorará un carácter urgente. Habrá preferencia en los despachos con estos asuntos antes que, con otros, exceptuando los casos de tutela de las Libertades Públicas y los Derechos Fundamentales. No cabrá recurso contra las resoluciones de tramitación que se dicten, salvo el de la declaración inicial de incompetencia.

La demanda, cuando es admitida a trámite, es trasladada al empresario demandado por el secretario judicial. Tendrá un plazo de 5 días y puede ser presentada en soporte informático, para presentar las actas y la documentación del periodo de consultas y la comunicación a la autoridad laboral.

En esta petición, el secretario judicial regulará que el empresario notifique en el plazo de 5 días a las personas trabajadoras que puedan verse afectadas por el despido colectivo. En el plazo de 15 días, se deberán comunicar al órgano judicial los datos de un domicilio a efectos de la notificación de la sentencia.

Si existiera una negativa que no estuviera justificada por parte del empresario, se podrán remitir esos documentos y habrá que informar a los trabajadores que puedan resultar perjudicados. Se reiterará por la vía urgente, por parte del secretario judicial, su remisión en el plazo de tres días. Si no se cumpliera el segundo requerimiento, se impondrán las medidas que se nombran en el artículo 75.5.

Al aceptarse la demanda, el secretario judicial pactará recabar de la autoridad laboral una copia del expediente administrativo relativo al despido colectivo.

En la misma sentencia de admisión del trámite, el secretario judicial indicará la hora y el día de la celebración del juicio. Deberá tener una única convocatoria, en el plazo de los 15 días posteriores a la admisión de la demanda. En el llamamiento se acordará de oficio el traslado previo entre las partes o la contribución anticipada, preferiblemente, en soporte informático y con 5 días de antelación al juicio. De la prueba pericial o documental, por su complejidad o volumen, se posibilitará un examen previo al momento de la prueba práctica.

Se dictará la sentencia dentro de los cinco días siguientes a la celebración del juicio y se podrá recurrir en caso de invalidación ordinaria.

Cuando el empresario haya cumplido lo previsto, se declarará la decisión extintiva ajustada a Derecho. Según lo previsto en los artículos 51.2 o 57.7. del Estatuto de los Trabajadores. Dicha sentencia se manifestará no ajustada cuando el empresario no haya acreditado la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicación.

Se declarará la nulidad de la sentencia exclusivamente cuando el empresario no haya consumado el periodo de consultas o entregado la documentación necesaria y prevista en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores. Si no ha respetado el procedimiento establecido en el artículo 51.7, también se declarará la nulidad de la demanda.

En el supuesto de que la medida empresarial se haya ejecutado en vulneración de las Libertades Públicas y los Derechos Fundamentales, en este caso, la sentencia declarará el derecho de los trabajadores perjudicados a la reincorporación a sus puestos de trabajo, de conformidad con lo estipulado en los apartados 2 y 3 del artículo 123 de esta ley.

La sentencia, una vez firme, y tal y como se muestra en el artículo, se comunicará a quienes hubieran sido parte y los trabajadores afectados por el despido colectivo que hubiesen puesto en conocimiento del órgano judicial una dirección a efecto de notificaciones. Se notificará a la autoridad laboral, la gestora de la prestación por desempleo y la Administración de la Seguridad Social cuando no hubieran sido parte en el procedimiento.

En el supuesto de un trabajador afectado de manera individual por el despido, podrá impugnar a través de un procedimiento recogido en los artículos 120 al 123 de esta Ley, con estas especialidades:

Si el despido colectivo no ha sido reclamado a través del procedimiento regulado en las secciones anteriores, se aplicarán al proceso individual estas reglas específicas:

  1. La impugnación individual tendrá un plazo que dará comienzo cuando hayan transcurrido veinte días para el ejercicio de la actuación por parte de los representantes de los trabajadores.
  2. En el supuesto de que fueran objeto de debate algunas preferencias atribuidas a ciertos trabajadores, podrán ser demandados.
  3. La nulidad del despido se obtendrá por los motivos recogidos en el artículo 122.2 de esta ley o, exclusivamente, cuando no se haya realizado el periodo de consultas por parte del empresario o no se haya entregado la documentación prevista en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores. La extinción del contrato también será nula cuando no se respeten las prioridades de permanencia establecidas en los convenios colectivos, las leyes o el acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas. Esta nulidad no perjudicará a las extinciones incluidas dentro del mismo despido colectivo, siempre que se hayan respetado las prioridades de la estancia.

La única duda que puede surgir ante la posibilidad de que se declare la sentencia no ajustada a derecho o la nulidad de la decisión empresarial de producirse un despido colectivo es que se pueda llegar a su ejecución en ese mismo proceso o, por el contrario, es necesario que los trabajadores perjudicados impugnen su despido individual por el conducto previsto en los artículos del 120 al 123 LRJS.

Las resoluciones dictadas en el proceso de despidos colectivos son de naturaleza declarativa. Cuando la sentencia es firme, tendrá eficacia para el procedimeinto individual. En estos procesos se alcanzan las pretensiones de condena por no haber previsto el legislador, concretamente, la ejecución de la sentencia colectiva.

Los únicos legitimados para urgir la ejecución provisional o definitiva de la sentencia dictada en el proceso de despido colectivo son los trabajadores. Son los que muestran el derecho o interés legítimo y personal por la reincorporación a sus puestos de trabajos. Esta modalidad específica procesal la ostentan solamente los representantes legales y/o sindicales de los trabajadores.

El artículo 124 LRJS establece que, para el caso de ser respetado el despido colectivo nulo, la sentencia se acotará a declarar el derecho de los trabajadores que hayan sido afectados a la reincorporación a sus puestos de trabajo. No se menciona un pronunciamiento explícito de condena que imponga al empresario una obligación de hacer, dar o no hacer. Por lo tanto, la nulidad es posible siempre y cuando se respeten todos los pasos del procedimiento.

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