Optimización energética. Objetivo 20-20-20

Optimización energética
El Objetivo 20-20-20 es un compromiso pactado y firmado entre los Estados miembros de la Unión Europea para alcanzar una mayor eficiencia energética.

El Objetivo 20-20-20 es un compromiso pactado y firmado entre los Estados miembros de la Unión Europea para alcanzar una mayor eficiencia energética. La idea surge a raíz de la mayor concienciación sobre la seguridad energética, el cambio climático o la reducción del consumo energético, por poner algunos ejemplos. Este bello compromiso energético se plasma en la Directiva 2012/27/UE. Con este texto se establecen una serie de objetivos para alcanzar en 2020:

  • Reducir las emisiones GEI (Gases de Efecto Invernadero) en un 20 % con respecto a las cifras de 1990. Esta cifra aumentaría a un 30 % si se alcanza un acuerdo entre las diversas naciones.
  • Obtener al menos el 20 % del consumo energético a partir de fuentes renovables, y al mismo tiempo cubrir el 10 % de las necesidades del transporte con biocombustibles.
  • Reducir un 20 % el consumo energético respecto a las cifras proyectadas para el 2020.

Entre las medidas que debe asegurar cada uno de los Estados se incluyen estrategias para la movilización de inversiones con el objetivo de renovar los edificios existentes, tanto públicos como privados, la promoción de un uso eficiente de la energía por parte de los clientes finales, al tiempo que estos reciben contadores precisos a un precio competitivo, y el fomento de los servicios energéticos y su fácil acceso para las pequeñas y medianas empresas.

Las auditorías energéticas en punto de mira de la Directiva

En la Directiva europea se estudia en mayor profundidad el concepto de auditoría energética y los sistemas de gestión energética. Los Estados miembros de la Unión deben fomentar que los clientes finales puedan acceder a auditorías de calidad elevada y con una buena relación entre su eficacia y su coste. También deben preocuparse por la elaboración de programas destinados a elevar en los hogares la concienciación sobre los beneficios de las auditorías, por medio de los servicios de asesoramiento que se consideren apropiados y de programas de formación de auditores energéticos. De esta manera se asegurará la existencia de un número suficiente de expertos.

Por lo que respecta al mundo empresarial, los Estados miembros deben crear programas para alentar a las PYME a realizar auditorías y a seguir las recomendaciones que surjan como resultado de las mismas. Las auditorías serán obligatorias para las grandes empresas, ya que el ahorro energético obtenido en estos casos puede ser considerable. De esta forma, las empresas que no sean consideradas PYME se someterán a auditorías llevadas a cabo cada cuatro años por expertos acreditados o por autoridades independientes. En caso de que se realicen por profesionales internos, es obligatorio que estos no estén implicados directamente en las actividades auditadas.

En todos los casos, las auditorías energéticas pueden ser específicas, pero también pueden ser parte de una auditoría medioambiental de carácter más general. En la actualidad se encuentra en desarrollo una norma europea específica para las auditorías energéticas. Así mismo, los Estados miembros de la Unión han de establecer una serie de certificados para los proveedores de servicios energéticos, de auditorías energéticas o de cualquier medida de mejora que intervenga en la eficiencia energética. También se podrán aplicar programas de incentivación y de ayuda para poner en marcha las recomendaciones derivadas de las auditorías.

La eficiencia energética en España: un informe sobre el objetivo

Las medidas tomadas en nuestro país y los resultados obtenidos hasta ahora pueden observarse en el Informe sobre el objetivo nacional de eficiencia energética 2020. En general en España, como en el resto de Europa, se puede observar cómo los avances han sido desiguales y han estado marcados por la profunda crisis económica. La evolución de la economía pone de manifiesto el retroceso de la demanda interna. El impacto sobre el empleo y los niveles económicos ha sido claro, y ha limitado la consecución de los objetivos.

La situación de las energías renovables muestra un cierto estancamiento, aunque los biocarburantes, la biomasa y la energía solar siguen al alza. Por otro lado, el consumo de energía final se ha visto disminuido en más del 3 %. Con el objeto de internalizar los costes medioambientales que se derivan de la producción eléctrica y del almacenamiento de los residuos nucleares, se han regulado una reforma tributaria cristalizada en tres nuevos impuestos.

Con apoyo público, se han puesto en marcha diversos proyectos de ahorro energético y eficiencia en el sector industrial, varios planes sostenibles de movilidad urbana, auditorías energéticas, cursos sobre cómo conducir de forma eficiente, programas de rehabilitación de la envolvente térmica de edificios y planes de renovación del alumbrado público. Entre todos ellos destacan sobre todo los programas de renovación de vehículos por otros energéticamente más eficientes, así como el apoyo a los vehículos eléctricos e híbridos. Las subvenciones han permitido reducir la emisión de dióxido de carbono, un objetivo en línea con las claves de la Directiva europea.

En resumidas cuentas, en la actualidad se observan tendencias positivas en el uso de una combinación de energías más sostenibles y en la reducción de las emisiones de carbono. Estos objetivos pueden alcanzarse para el año 2020, pero la recuperación económica puede ralentizar el proceso de reducción del consumo de energía primaria.

La trasposición de las directivas de eficiencia: un Proyecto de Real Decreto

Los Estados miembros de la Unión Europea tienen la obligación de trasponer la Directiva a su ordenamiento jurídico particular. Así nace el Proyecto de Real Decreto relativo a auditorías energéticas, acreditación de los proveedores de servicios y los auditores energéticos, promoción de la eficiencia energética en los procesos de calor y frío y contabilización de consumos de agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración.

El Proyecto de Real Decreto se centra solo en las grandes empresas, dejando fuera de su ámbito a las pequeñas y medianas empresas. Establece la obligación de realizar antes del 5 de diciembre del año 2015 una auditoría energética. Con posterioridad a esta, las empresas están obligadas a realizar, al menos, otra auditoría cada cuatro años a partir de la anterior. El texto establece los requisitos que deben cumplir las auditorías, como basarse en datos fiables y actualizados o abarcar un examen del perfil de consumo de energía de edificios, instalaciones y medios de transporte internos. También ordena crear en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo un Registro Administrativo de Auditorías Energéticas y establece un sistema de inspección de las mismas.

Por otro lado, regula las condiciones y los requisitos que se deben observar para la acreditación de proveedores de servicios energéticos y auditores energéticos, creando un sistema de acreditación. Este sistema se convierte en un punto clave para que un mercado transparente y orientado a la calidad funcione de forma correcta en Europa. La acreditación constituye una herramienta internacional para generar confianza hacia los verificadores y su actuación, en cualquier actividad. El valor de un sistema de evaluación depende, en buena medida, de la confianza y la credibilidad otorgadas por el mercado, y en general por la sociedad, a dichos verificadores. Esa confianza y credibilidad deben lograrse a través de un mecanismo que pueda garantizar la competencia técnica de los evaluadores. Por eso la acreditación refleja la sujeción de los verificadores a normas de carácter internacional.

El Proyecto de Real Decreto también promueve la eficiencia energética en la producción y el uso del calor y el frío, mediante la regulación de la forma de evaluar el potencial de cogeneración de eficiencia alta y de los sistemas urbanos de refrigeración y calefacción eficientes. Esto tiene como objetivo facilitar información a los posibles inversores en cuanto a los planes de desarrollo, al tiempo que se contribuye a lograr un entorno estable, propicio para las inversiones.

Por otro lado, se regulan las condiciones y requisitos que se deben observar para la contabilización individual de los consumos de las instalaciones térmicas de los edificios existentes, ya sean de calor, frío o de agua caliente sanitaria. Este punto se llevaría a cabo mediante la instalación de contadores individuales y de sistemas que permitan regular o interrumpir los servicios suministrados.

Se declara, por último, que la Comisión Nacional de Mercado y Competencia deberá considerar la eficiencia energética cuando se desempeñen sus funciones reguladores. En particular, al respecto de sus decisiones sobre la explotación de la infraestructura de gas. La citada comisión, colaborando con el Gestor Técnico del Sistema, distribuidores y transportistas, deberá presentar una evaluación del potencial de eficiencia energética de la infraestructura de gas, sobre todo en lo que se refiere al transporte, distribución y gestión de carga.

Mucho se ha llevado a cabo para reducir el consumo energético y alcanzar una mayor eficiencia energética en Europa. Pero el camino es largo, y todavía queda mucho por hacer. De hecho, los líderes europeos ya han planeado los siguientes pasos de este camino. Ya se habla de que para el año 2030 las cifras de consumo bajen un 27 % con respecto a las de 1990, y se obtenga el 40 % de energía a partir de renovables.

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