¿Qué es la compra pública verde?

Compra pública verde
España aprobó en materia de medio ambiente en 2008 el Plan de Contratación Pública Verde. Analizamos en que punto estamos y la contribución al cumplimiento

Muchos grupos y activistas en defensa del medio ambiente, así como muchas personas que han decidido dedicar su vida a crear empresas o a desarrollar profesiones para formar parte de compañías y empresas que se han unido a la economía verde, han conseguido que la concienciación en materia ambiental se haya extendido a la ciudadanía de a pie y que la sostenibilidad sea ya un aspecto a tener en cuenta siempre.

Ya no luchan por reducir las consecuencias del cambio climático solo los activistas, y ya no son únicamente los técnicos ambientales quienes intentan colocar paneles solares, sino que ahora son ya todos los ciudadanos los que se han unido a este combate medioambiental.

Aunque aún queda mucho por hacer, España ha sido un gran ejemplo en la lucha contra el cambio climático, ya que la introducción de energías renovables, aunque un tanto controvertida, ha sido mucho mayor que en otros países.

En este sentido, otro de los avances que el país ha hecho en materia de medio ambiente ha sido la aprobación, en 2008 y a propuesta de la entonces ministra de Medio Ambiente, de un acuerdo por el que se aprobaba el Plan de Contratación Pública Verde.

Este término, también conocido en Europa como GPP (Green Public Procurement) [página en inglés] hace referencia al proceso por el que la Administración Pública trata de hacerse con “ mercancías, servicios y obras” cuyo impacto medioambiental haya sido “reducido durante su ciclo de vida”, según dictamina la Comisión Europea.

Ya en 2005 la Unión Europea había presentado un informe titulado “¡Compras ecológicas! Manual sobre la contratación pública ecológica”, en el que se explican detalladamente las estrategias de compra, así como la selección de los proveedores, o las cláusulas de los contratos verdes.

La propia UE fijó un objetivo para que en 2010 los países miembros alcanzaran un nivel medio de contratación verde similar al que ya habían experimentado los países que van a la cabeza en materia ecológica, entre los que destacan Dinamarca, Suecia, Finlandia o Austria.

Concretamente, Dinamarca fijó una iniciativa por la que el personal de las administraciones públicas, tanto locales como nacionales, deben emplear productos reciclables o reciclados, mientras en Suecia desarrollaron programas de formación para políticos y otros trabajadores de la Administración para formar e informar sobre productos verdes y gestión ambiental. Estos son solo algunos de los ejemplos en Europa, y España ha ido siguiendo la estela de sus vecinos del norte.

Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Barcelona consume cada año unos 6.500 kilos de café de comercio justo, que han permitido que vivan de forma digna entre 15 y 20 personas en Tanzania; mientras que la Agencia Canaria de Desarrollo ha promovido una guía para implementar la contratación y compra pública verde. Sus objetivos son:

  • Potenciar el desarrollo de herramientas para identificar productos y servicios responsables.
  • Crear conciencia entre los responsables políticos y técnicos.
  • Legislar de forma específica en la comunidad autónoma.
  • Desarrollar métodos de información y formación en materia ambiental.

El gobierno de Canarias además sostiene que las ventajas económicas de este tipo de contratación revierten de forma directa en la propia sociedad y se traduce en un gran ahorro económico y en una importante eficacia del gasto, maximizando los presupuestos para cada organismo público.

La implementación de contratación y compra verde en las Administraciones Públicas, además de favorecer el desarrollo del medio ambiente, favorece al empleo, ya que genera demanda de un tipo de servicios que se realizan por pequeñas y medianas empresas y que potencian el emprendimiento.

Para comprender mejor esta política medioambiental se puede recurrir a un ejemplo sobre cómo se escoge un producto o un servicio teniendo en cuenta tanto su comportamiento ambiental como el de los fabricantes y proveedores: la contratación de un servicio de limpieza verde.

Para esto, se tiene que tener en cuenta que los productos de limpieza sean ecológicos y que el servicio se haga de manera que tenga el menor impacto ambiental posible, es decir, utilizando la menor cantidad de agua y energía, por ejemplo.

La contratación verde es una medida que se ha puesto en marcha en todo el país, aunque su aplicación a nivel comunitario es bastante distinta.

Existen comunidades autónomas que le han dado más valor a la responsabilidad social de poner en práctica la compra y contratación verde que otras, en particular, las comunidades catalana, vasca y asturiana.

En concreto, en la Comunidad Autónoma de País Vasco el volumen económico de este tipo de contratación verde representa el 14 por ciento del producto interior bruto (PIB), solo dos puntos por debajo de la media europea.

En Cataluña, con el objetivo de alcanzar antes una economía baja en emisiones de carbono y de entrar en un proceso económico verde que favorezca la creación de nuevos puestos de trabajo, conocidos como “empleo verde”, también se han puesto en marcha medidas para implementar las nuevas políticas ambientales europeas.

En este sentido, desde 2010 los departamentos de la Generalitat catalana, así como las empresas públicas adscritas empezaron a establecer programas de ambientalización en la contratación. Así, cada departamento empezó a valorar la totalidad de los contratos para identificar qué tipo de contrataciones suponen un impacto importante en materia ambiental, y a incluir programas de formación del personal para este tipo de tareas.

Desde 2010, los contratos relacionados con papel y material de oficina, como tóneres y tintas, mobiliario, limpieza, electricidad, informática y transporte de la Generalitat catalana ya tenían en cuenta criterios ambientales.

Objetivos y Beneficios de la compra pública verde

A las recomendaciones de las instituciones europeas para todos los países miembros de la UE de incorporarse, lo antes posible, a una economía que fomente la contratación verde se une, además, la adopción de medidas de carácter urgente para mejorar la eficiencia energética, ya no solo de los edificios públicos sino también de las viviendas, así como el fomento de consumo de productos verdes.

Esta práctica tiene muchas ventajas para los Gobiernos, tanto locales como estatales, y para sus proveedores, entre ellas:

  • Genera importantes mejoras en el medio ambiente.
  • Se demuestra la ejemplaridad de las administraciones públicas, por lo que mejora su imagen a todos los niveles.
  • Fomenta la competitividad de las empresas del sector privado en el sentido de un mejor comportamiento medioambiental.
  • Promueve el desarrollo de mercados de servicios y productos de impacto reducido en el medio ambiente.

No obstante, no hay que olvidar que la contratación verde no debe ser un simple lavado de cara de las administraciones públicas de cara a conseguir una mayor aceptación, ya sea por parte de la sociedad o por parte de otros Gobiernos.

Cabe destacar que los beneficios que se consiguen si se implementan estas políticas ambientales de forma adecuada contribuyen a obtener beneficios ambientales de forma directa, ya que se minimizan todos los impactos ambientales del consumo público.

Además de la mejora ambiental, la contratación y la compra verde por parte de los Gobiernos contribuyen a mejorar la calidad de vida de los municipios de los países y, a largo plazo, favorece el ahorro ya que paulatinamente se reducen los consumos, tanto energéticos como de agua.

Desde una perspectiva más puramente económica, el plan de contratación verde que se puso en marcha en España siguiendo las recomendaciones europeas se puede traducir en una extensión de la conciencia ambiental en las compras públicas, por lo que puede provocar que la producción acabe siendo cada vez más respetuosa con el medio ambiente.

Todo esto, según varios estudios, puede contribuir a una ampliación de mercados y puede tener efectos muy positivos en los precios de los productos.

Aunque muchos analistas consideran que el paso a una economía más sostenible puede convertirse en una práctica cara, en la guía de “Beneficios de la compra ambientalmente sostenible” elaborada por la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco (Ihobe) se indica todo lo contrario.

Según se desprende del texto, puede ocurrir que cuando una administración modifica sus hábitos de compra hacia “prácticas más verdes” el resultado tenga, en algunas ocasiones, un coste más elevado. Sin embargo, gran cantidad de administraciones repartidas a nivel mundial atestiguan que dichas medidas son, frecuentemente, “ sencillas, y su gasto inicial se acaba amortizando de forma rápida al tener en cuenta todo el ciclo de vida”.

En este sentido, el Gobierno vasco incide en los beneficios de la contratación verde, no sólo ambientales, sino también en lo social y lo económico.

Y es que la Administración Pública, que participa de forma activa en el mercado, tiene que en sus manos la responsabilidad de fomentar un consumo más verde. Para hacerlo no existe mejor manera que dando ejemplo, llevando a cabo contrataciones de servicios y productos cuyo impacto ambiental sea mínimo.

Así, desde el propio Gobierno se puede conseguir que la sociedad vaya, paulatinamente, pasándose a las economías de escala de productos, servicios o tecnologías que sean menos dañinas con el medio ambiente y se fomenten cambios en el sector productivo, de manera que toda la sociedad se beneficie, ya sea de forma social, económica o ambiental, de este cambio a la contratación verde.

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