Regulación tributaria de las emisiones atmosféricas

Regulación tributaria de las emisiones atmosféricas
Para controlar la emisión de los gases de efecto invernadero y tratar de reducirlos se ha establecido, a nivel internacional, el comercio de derechos de emisión.

El efecto invernadero es uno de los problemas medioambientales más importantes a los que se enfrenta el planeta Tierra, ya que, entre sus consecuencias más importantes, se encuentran el cambio climático y la desertización de muchas  zonas, debida al aumento progresivo de las temperaturas. Una de las principales causas de este efecto invernadero es la emisión a la atmósfera de gases contaminantes, por lo que los gobiernos internacionales están trabajando para reducirlas al mínimo. Una de las iniciativas más importantes, en este sentido, es el paquete de medidas de fiscalidad internacional cap and trade, entre las que se encuentra el conocido como comercio de derechos de emisión.

Para controlar la emisión de los gases que causan este efecto invernadero y tratar de reducirlos al máximo se ha establecido, a nivel internacional, el comercio de derechos de emisión. El  funcionamiento de esta figura fiscal se basa en la emisión de unos bonos de emisión de residuos, por parte de una organización internacional. Las empresas tienen derecho a un número determinado de ellos, que usarán como su ‘autorización’ particular para poder generar emisiones contaminantes durante el ejercicio de su actividad habitual. Si necesitan más bonos de los que se les ha otorgado, pueden comprarlos a otra empresa que no vaya a usar los suyos. De esta manera, se premia a las empresas menos contaminantes y se ‘castiga’ a las que emiten más gases y se les obliga a pagar por los bonos extra.

El comercio de derechos de emisión se ha estructurado con formas específicas para cada uno de los residuos contaminantes, desde los gases del efecto invernadero a la lluvia ácida. De todos modos, en función del tipo de industria y contaminante que se genere, en muchas ocasiones, se hace difícil controlar si se hace una gestión efectiva de estos derechos.

Los elementos del comercio de derechos de emisión

Al hablar de comercio de derechos de emisión, no se deja de describir un mercado internacional en el que intervienen diversos elementos que merece la pena conocer con detalle para poder tener una idea concreta de lo que significa esta medida, destinada a reducir la emisión industrial conjunta de gases contaminantes a la atmósfera.

El eje de este comercio es el derecho de emisión, un tipo de bono que puede ser objeto de actividad económica. Quien lo posee tiene lo que se denomina autorización de emisión, un permiso que se otorga a las industrias para que, durante su funcionamiento, emitan una determinada cantidad de gases contaminantes. De todos modos, esta autorización tiene un techo, que es el límite previamente establecido por la organización que lo concede para asegurar que las emisiones no contribuirán, aún más, al efecto invernadero. La autoridad pertinente llevará a  cabo un seguimiento para comprobar que se cumple de manera efectiva con las emisiones autorizadas  por los derechos de emisión que han sido asignados a cada empresa. Esta asignación de derechos puede ser por concesión gratuita o puede haber sido ampliada con alguna compra y venta específicas. Todo este mecanismo está controlado en el denominado registro de derechos, que contabiliza su existencia, en todo momento.

El ámbito de aplicación

El comercio de los derechos de emisión se aplica en todo el mundo, aunque no de manera global. Existen mercados específicos para algunos países y ciertas emisiones de gases concretos, creados para garantizar un control mucho más específico de cada tipo de emisión de residuos contaminantes. Así, las industrias como la siderurgia, el vidrio o la cerámica tienen su propio seguimiento y su comercio específico de derechos de emisión. De todos modos, se cifra que esta figura de fiscalidad internacional controla casi la mitad de las emisiones contaminantes que se hacen en la Comunidad Europea, en la actualidad.

Los orígenes de esta medida

La existencia del comercio de derechos de emisión puede encajarse dentro de los denominados tributos ambientales. Estos nacieron a finales de la década de los noventa del siglo pasado, cuando la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo solicitó a la AEMA un informe sobre su impacto en la sociedad. Fruto de este informe es la consideración de que los recursos económicos debían ser tomados como un factor más que contribuye, de manera efectiva, al desarrollo sostenible del planeta. Han de tenerse en cuenta siempre los costes sociales y medioambientales que puede generar la actividad industrial y económica.

El establecimiento de los derechos de emisión forma parte de esta política institucional europea, que tiene como objetivo final el respeto a los acuerdos de Kioto referentes a la reducción de las emisiones de gases contaminantes lanzados a la atmósfera, por parte de la industria. Entre los sectores industriales en que su aplicación es obligatoria, destacan los dedicados a la fabricación de papel y los siderúrgicos.

Merece la pena destacar, especialmente, el papel jugado por el Protocolo de Kioto en la preservación de la atmósfera de la emisión de gases contaminantes y otros residuos que puedan producir el ya popular efecto invernadero. Firmado en el año 2002, hizo que los países participantes se comprometieran a reducir en un 8% estas emisiones y fueran siempre respetuosos con el desarrollo económico de las industrias y respetaran las posibilidades de empleo. Además de este acuerdo inicial, se llegaron a establecer otros posteriores, que fijan las reducciones de contaminación hasta en un 95%, en el año 2050. Posteriormente, la Conferencia de Copenhague vino a refrendar esta filosofía, con acuerdos complementarios.

El cálculo de los derechos de emisión

Para la concesión inicial de los derechos de emisión a una industria, es necesario tener en cuenta ciertos factores, ya que no todas lanzan a la atmósfera los mismos gases ni tienen la misma capacidad contaminante.

Uno de los primeros criterios que se tiene en cuenta es la capacidad de la instalación, que no tiene por qué estar relacionada con la producción real que tiene esa industria, en concreto. Más bien, al contrario: uno de los criterios que prioriza la concesión de estos derechos es la gran capacidad, aunque sus cifras reales sean mucho más bajas que las de otras empresas de su mismo sector.

La razón de la aplicación de este criterio es que se pretende que la legislación del comercio de derechos de emisión sea estable y no se base en criterios aleatorios, que puedan variar, año tras año, por factores ajenos, muchas veces, a la propia industria. Tampoco es posible que una empresa deje de estar controlada, durante meses, hasta que se conozcan los datos relativos a un determinado ejercicio económico. Por lo tanto, el establecimiento de un criterio más general resulta fundamental.

Además, la capacidad de la instalación entendida como concepto general permite establecer qué nivel de producción máxima puede conseguir y esto permite conocer, con mucho más detalle, si va a superar el nivel de emisión de residuos contaminantes correspondiente.

El seguimiento posterior

Una de las bases del éxito de la política de comercio de derechos de emisión es el posterior seguimiento y la verificación que se hace de los derechos concedidos a cada industria. Se trata de un mecanismo riguroso que garantiza que se cumple, de manera efectiva, con los derechos entregados y/o comercializados con posterioridad. De esta manera, se asegura el éxito del objetivo final de esta figura de la fiscalidad internacional: la reducción de gases en la atmósfera.

Los responsables de la industria son quienes están obligados a hacer un seguimiento efectivo de las emisiones que realizan en sus instalaciones durante el ejercicio de su actividad. En caso de que se lancen emisiones concretas de algún gas contaminante no regulado en sus derechos, deberán comunicarlo a la autoridad competente.

Destaca, especialmente, el seguimiento que debe hacerse de las emisiones de CO2, especialmente, en el caso de que se originen por la combustión de biomasa.

El registro de los derechos de emisión se articula en España a través de la existencia del Registro Nacional de Derechos de Emisión, RENADE, que regula los derechos de los registros.  Asimismo, los diarios de transacciones controlan las operaciones de regulación entre las distintas empresas, para que se cumplan de acuerdo a la normativa comunitaria e internacional. De esta manera, se garantiza el cumplimiento más efectivo posible de las emisiones a las que dan derecho los bonos generados en el comercio de derechos de emisión.

Finalmente, merece la pena tener en cuenta la relación de las instituciones encargadas de gestionar cada una de las fases del comercio de derechos de emisión en España, que son:

  • La autorización de emisión recae en manos de organismos autonómicos competentes.
  • La autorización de agrupación de instalaciones para unos mismos derechos, en manos del Consejo de Ministros.
  • La asignación de derechos de emisión recae, en última instancia, en el Consejo de Ministros.
  • El seguimiento de las emisiones lo hará el titular de cada instalación, según los criterios de cada comunidad autónoma

 De esta manera, se asegura una gestión global e integral de todo el proceso, que puede llegar a mantener las garantías de cumplimiento básicas de las emisiones justas, para evitar el crecimiento del efecto invernadero en el planeta.

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