Responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial: Efectos del Silencio de la Administración

La situación del FOGASA es insostenible y caótica, el retraso que se acumula actualmente supera los 214.000 expedientes y puede afectar a 307.608 personas.

El artículo 33 del Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores establece que el Fondo de Garantía Salarial es un Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que abonará a los trabajadores el importe de los salarios e indemnizaciones pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso del empresario.

La organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) viene desarrollada por el Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo.

El articulo 28 del citado Real Decreto establece que el plazo máximo para dictar resolución en primera instancia será de tres meses, contados a partir de la presentación en forma de la solicitud.

Dada la situación de crisis económica iniciada en el año 2007 los expedientes a resolver por el FOGASA se han cuadriplicado.

La mayoría de los partidos políticos califican de insostenible y caótica la situación del FOGASA, el retraso que se acumula actualmente en las diferentes unidades del Fondo de Garantía Salarial supera los 214.000 expedientes y puede afectar a 307.608 personas.

El tiempo medio de resolución de expedientes es de siete meses, aunque en provincias como Valencia o Madrid la media es de más de dos años.

Como ente institucional de la Administración del Estado, además de a la normativa anteriormente referida, esta sometido a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de RJAP Y PAC y a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,  y a las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Ante los retrasos en la resolución de los expedientes, es necesario analizar el efecto del silencio trascurridos los tres meses sin resolución expresa del FOGASA

El artículo 43 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de RJAP Y PAC, que establece como regla general en aquellos procedimientos iniciados a solicitud del interesado que el silencio debe entenderse positivo, exceptuándose sólo cuando una norma con rango de ley, por razones imperiosas de interés general o una norma de derecho comunitario establezcan lo contrario.

Se exceptúan, sin embargo, de este criterio general, los procedimientos de ejercicio del derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de la CE, los de impugnación de actos y disposiciones, los iniciados de oficio, y los procedimientos de los que pudieran derivarse para los solicitantes o terceros la adquisición de facultades relativas al dominio público o servicio público.

No hay duda de la aplicabilidad de la ley 30/92 a los procedimientos administrativos tramitados por el FOGASA a la vista del art. 2.2 de la citada ley, ni tampoco cabe cuestionar el plazo de tres meses para la resolución del expediente tal como dispone el art. 28.7 del RD 505/85 de 6 de marzo. Siendo así, ha de aceptarse que el silencio administrativo tiene carácter positivo, ya que no hay norma con rango de ley ni norma de derecho comunitario europeo que establezca lo contrario criterio establecido por la sentencia del Tribunal Superior de justicia de Madrid de 11 de noviembre de 2013. Rec 1151/2013.

La siguiente cuestión es determinar que ocurriría si trascurridos los tres meses previstos el FOGASA emitiese resolución expresa desestimatoria.

El artículo 43.3 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de RJAP Y PAC establece que la obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 42 se sujetará al siguiente régimen:

a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo...

La conclusión no es otra que una vez operado el silencio positivo, no es posible efectuar un examen sobre la legalidad intrínseca del acto estimatorio.

No obstante lo que si es discutible, existen sentencias contradictorias, es si es posible una resolución desestimatoria posterior al trascurso del plazo de resolución, cuando  el acto presunto es nulo de pleno derecho al ser contrario al ordenamiento jurídico al adquirir  facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición

Ej: acuerdo en sede administrativa sobre indemnización de despido frente a la que el FOGASA no tiene responsabilidad al amparo del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.

Tendremos que esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la cuestión.

Formación relacionada

La página web www.cerem.es utiliza cookies para mejorar los servicios ofrecidos. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso e instalación. Para más información haga click aquí.

Subir