Situación legal desempleo

Situación legal desempleo
El trabajador se encuentra en esta situación cuando se extingue, suspende o reduce, su contrato de trabajo. Leer artículo completo...

Con las prestaciones por desempleo se protege la situación del trabajador que, a pesar de querer y poder trabajar, pierde su empleo o ve reducida su jornada ordinaria de trabajo y consecuentemente su remuneración.

La regulación de la prestación de desempleo hay que buscarla en Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en el Real Decreto 625/1985 de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo

La situación legal de desempleo determina el momento en que comienza a devengarse la prestación de desempleo. El trabajador se encuentra en esta situación cuando se extingue, suspende o reduce, su contrato de trabajo.

Por lo tanto, si el trabajador solicita su baja voluntaria en la empresa no cobraría nunca prestación por desempleo, pero si el trabajador es despedido por razones disciplinarias y el juzgado de lo Social, declara el despido procedente, ¿tendría derecho el trabajador a prestación de desempleo? La primera conclusión que podríamos sacar es que no tendría derecho a desempleo, porque trabajador se ha puesto voluntariamente en esa situación contraria al ordenamiento jurídico laboral, pero conforme al artículo 267 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social es situación legal de desempleo el despido, si bien es cierto, que anteriormente se penalizaba la prestación de desempleo con un aplazamiento en el cobro de tres meses, en la actualidad cumpliendo los requisitos legales se tiene derecho a la prestación como si se tratase de un despido improcedente.

La acreditación de la situación legal de desempleo la puede efectuar el trabajador a través de: la carta de despido; certificación de la empresa o informe de la ITSS, en los que consten el cese involuntario de la prestación de trabajo y su fecha de efectos

Pero ¿qué ocurre en aquellos supuestos en los que la empresa no entrega la citada documentación?

Una consecuencia grave del despido verbal (incumplimiento de la forma escrita exigida para su notificación al trabajador) y también del tácito (Se produce cuando el empleador no comunica al trabajador formalmente el despido pero se aprecia su decisión extintiva por omisiones o hechos concluyentes que revelan la intención empresarial inequívoca de poner fin a la relación jurídico laboral) es que se priva al trabajador de instrumento acreditativo de la situación legal de desempleo, hasta que por la reclamación del trabajador se produzca algún tipo de resolución de la que se infiera el cese involuntario de la prestación de trabajo.

A falta de carta de despido o de certificado de la empresa acreditativos de dicha situación, los documentos que sirven para la acreditación de la situación legal de desempleo son: el acta de conciliación administrativa, el acta de conciliación judicial, la resolución judicial definitiva declarando la procedencia o improcedencia del despido y el informe de la ITSS en los que consten el cese involuntario y fecha de efectos.

Un caso peculiar es el de los extranjeros en situación irregular, es decir aquellos que prestan servicios por cuenta ajena sin la preceptiva autorización de residencia y trabajo, la jurisprudencia estableció que el contrato en estos supuestos es válido, pudiendo disfrutar de todos los derechos laborales, pudiendo reclamar sus salarios y accionar por despido.

En todo caso, el trabajador que carezca de autorización de residencia y trabajo no puede obtener prestaciones por desempleo.

La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 7 de noviembre de 2017 recurso 849/2016 señala que por más que el trabajador solicitante de las prestaciones se halle ya en situación regular en nuestro país en el momento de producirse la situación legal de desempleo y de la solicitud de la prestación, no cabe entender subsanada la irregularidad de los trabajos desarrollados en un periodo anterior, no pudiendo ser computados como susceptibles de cotización, puesto que "la regularización produce sus efectos, en lo que a esta materia se refiere, desde que tiene lugar y no posee eficacia retroactiva mientras no lo disponga la normativa de aplicación que se orienta precisamente en sentido contrario

Todo ello sin perjuicio, en su caso, de la responsabilidad civil de carácter resarcitorio y naturaleza contractual en que haya podido incurrir el empresario por culpa o negligencia en la contratación.

La protección por desempleo originariamente estaba reservada a los trabajadores por cuenta ajena pero con la Ley 32/2010 de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos se amplió esta posibilidad a los trabajadores autónomos, con la prestación por cese de actividad no obstante son pocos los autónomos que se han beneficiado de esta medida dado los requisitos estrictos exigidos ya que es necesario  la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional y en el  caso de establecimiento abierto al público se exigirá el cierre del mismo durante la percepción del subsidio o bien su transmisión a terceros.

En ningún caso, podrán cobrar la prestación por cese de actividad los autónomos que cesen o interrumpan voluntariamente su actividad salvo que se produzca la pérdida de la licencia administrativa que habilitó el ejercicio de la actividad mediante resolución correspondiente.

Los trabajadores económicamente dependientes ( realiza una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente y perciben de él, al menos, el 75% de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales) tienen mayor facilidad para acceder a la prestación por cese de actividad ya que les bastaría cesar  su actividad por extinción del contrato suscrito con el cliente del que dependan económicamente conforme a lo establecido en el artículo 333 de la Ley General de la Seguridad Social.

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