Tasa judicial en el ámbito laboral. Limite a la tutela judicial efectiva

Tasa judicial en el ámbito laboral
Los límites que la imposición de una tasa a la justicia puede suponer para la tutela judicial efectiva se han convertido en materia de debate, tanto político como jurídico.

Los límites que la imposición de una tasa a la justicia puede suponer para la tutela judicial efectiva se han convertido en materia de debate, tanto político como jurídico.

A raíz de la crisis económica estructural que España atraviesa desde 2008, se han implementado distintas medidas, desde el orden político, para imponer una mayor austeridad en el funcionamiento de las Administraciones Públicas.

Estas políticas, por otra parte, han suscitado una cierta contestación social. Especialmente, por parte de partidos y sectores progresistas de la sociedad. A grandes rasgos, consideran que significan recortes en el Estado social y democrático de Derecho que es España.

En el plano jurídico, estos recortes se insertan en otro debate, el relacionado con las disfunciones de la justicia española. Existe unanimidad en la conclusión relativa al deficiente rendimiento de la justicia en España. Básicamente, la lentitud y cierta parálisis se deben a la escasez de medios para dar respuesta al creciente número de casos que se acumulan en los juzgados.

En este aspecto, la imposición de tasas al acceso a la justicia puede interpretarse como una manera de desincentivar un recurso desmedido a la justicia y un intento de recaudar fondos que sirvan para informar una justicia más ágil y solvente.

Sin embargo, las fuerzas progresistas citadas con anterioridad tachan de reaccionarias estas medidas, de manera que la discusión sobre este tema jurídico está servida.

Una introducción al debate jurídico sobre la imposición de tasas en la Justicia

La publicación, el 21 de noviembre de 2012, de la Ley 10/2012, de tasas judiciales provocó, aparte del referido debate social y político, una sucesión de recursos ante el Tribunal Constitucional (por ejemplo, el del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía).

La tutela judicial efectiva, relacionada con el acceso universal y gratuito de los ciudadanos de España a la Justicia, está protegida por el artículo 24 de la Constitución, pero hay que recalcar, en este aspecto, que con carácter general, los derechos fundamentales son susceptibles de limitación. Es decir, su garantía no es absoluta, en todos los casos. En este sentido, una vía de limitación pasa por la imposición de tasas. Por otro lado, esta limitación que suponen las tasas no ha de incurrir en la arbitrariedad, ha de respetar el principio de seguridad jurídica y debe fundarse en la protección de otros derechos, bienes o intereses constitucionales.

Por lo que respecta a estos últimos requisitos, hay que constatar que las tasas se incluyen en una norma con rango de ley, por lo que se puede comprobar el respeto al principio de seguridad jurídica. Asimismo, se fundamentan en la protección de un derecho o bien de interés constitucional: la racionalización de la Justicia y mejora de la financiación de su sistema, de manera que se pueda garantizar la tutela judicial efectiva.

El Tribunal Constitucional, por su parte, ya ha admitido que las tasas pueden ser una forma de financiación del sistema de justicia, mediante su sentencia 20/2012. Por lo tanto, la constitucionalidad de la Ley 10/2012 no dependerá de si se deben o no pagar las tasas, sino de su carácter desproporcionado o no.

Órdenes jurisdiccionales y cuantías de las tasas

Las tasas, grosso modo, implican la conjunción de dos factores: una cantidad variable, en función de la cuantía del procedimiento, y una cantidad fija, en función del tipo de proceso.

Por lo que respecta a los órdenes en los que eran exigibles las tasas judiciales, hay que reseñar el civil y contencioso-administrativo. Básicamente, se exigían para los fines que, seguidamente, se van a citar: la formulación de los escritos iniciales en el procedimiento civil de demanda, la solicitud de procedimiento monitorio (en las reclamaciones de menos de 6.000 euros), la reconvención (cuando en la respuesta a la demanda se presenta alguna solicitud que no había sido incluida en la demanda), la solicitud de concurso de acreedores, los recursos de casación y apelación ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial y el recurso contencioso-administrativo que incoa el procedimiento administrativo ordinario. También se imponían las tasas para ejercitar la oposición a la ejecución de títulos judiciales (en el orden social, únicamente se pedían en los recursos de casación y suplicación).

En relación a la cuantía fija estipulada para las tasas, en función del orden en el que se insertasen, pueden verse a continuación las cuantías:

1. Orden civil:

  • 100 euros para los procesos monitorios.
  • 150 euros para los juicios verbales y cambiarios.
  • 300 euros para los juicios ordinarios.
  • 800 euros para el recurso de apelación.
  • 1.200 euros para el recurso de casación.

2. Orden contencioso-administrativo:

  • 200 euros para el procedimiento abreviado.
  • 350 euros para el procedimiento ordinario.
  • 800 euros para la apelación.
  • 1.200 euros para la casación.

3. Orden social:

  • 500 euros para el recurso de suplicación.
  • 750 euros para el recurso de casación.

Los cambios en la legislación acerca de las tasas

La ley aprobada en noviembre de 2012, la cual suscitó la polémica referida anteriormente, fue reformada en febrero de 2013, de forma que las tasas por recurrir quedaron de la siguiente manera, por lo que respecta a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social:

  • Recurso de casación: 500 euros  0,10 % de la cantidad del juicio (con un máximo de 2.000 euros por este porcentaje).
  • Recurso de casación: 750 euros  0,10 % de la cantidad del juicio (con un máximo de 2.000 euros por este porcentaje).

Cabe señalar que el trabajador se podía aprovechar de una bonificación y solo había de pagar el 40 % de las cantidades citadas. Si, por otro lado, el trabajador tenía derecho a la asistencia jurídica gratuita, no tenía que abonar nada.

Además, si no se pagaba la tasa, los recursos no eran admitidos por los tribunales.

Las polémicas relativas a esta ley (las cuales afectaban a magistrados, funcionarios, procuradores, etc.) estribaban, sobre todo, en que muchos trabajadores desistían de recurrir por no poder pagar las tasas.

El Tribunal Supremo observó que las tasas estaban teniendo un efecto perverso para la igualdad de acceso a la justicia. En este sentido, el 5 de junio de 2013, promulgó un acuerdo no jurisdiccional sobre las tasas en el orden social. Según este, trabajadores, funcionarios y beneficiarios de la Seguridad Social no tendrían que pagar tasas en juicios laborales. La decisión también afectaba a los juicios celebrados con anterioridad al acuerdo.

Sin embargo, siguieron persistiendo cobros de tasas. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia las siguió exigiendo a los trabajadores.

La eliminación del cobro de tasas

El Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, derogaba, tres años después, las tasas a las personas físicas. Por lo tanto, ya no serían exigibles en ningún tipo de recurso o procedimiento.

¿Qué había ocurrido para que el mismo Gobierno que impulsó el cobro de las tasas lo derogara, sin que se llegara a acabar la legislatura? Básicamente, la constatación de que los efectos de la crisis, unidos al desincentivo que significaban las tasas en sí, habían provocado una coyuntura de desigualdad en el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos españoles.

La derogación de las tasas, por lo tanto, estaba en la línea de la garantía de la tutela judicial efectiva.

Durante la vigencia de este sistema de tasas, se habían recaudado 560 millones de euros, entre ciudadanos y empresas (125 de ellos a personas físicas).

Por su parte, los empresarios se beneficiarán de las modificaciones relativas a las reclamaciones menores de 2.000 euros. Por lo que respecta al resto, las tasas tendrán una regulación similar a la implantada en 2003. A pesar de sus reivindicaciones contrarias a la medida, las PYMES las seguirán pagando.

Estas modificaciones, vigentes desde el 2 de marzo de 2015, también afectan a los trabajadores inmersos en procedimientos concursales y que quisieran recurrir ante los Juzgados de lo Mercantil. Por ejemplo, cuando no están conformes con el salario, la antigüedad o la categoría que se les reconocen.

Por último, hay que destacar que estos cambios en la legislación sobre tasas no solo incumben a los trabajadores por cuenta ajena. La exención de pagar tasas a las personas físicas incluye, lógicamente, a los trabajadores autónomos.

En consecuencia, en el marco del ámbito laboral, el trabajador autónomo que haya sido demandado por sus empleados no tendrá que pagar ninguna tasa si desea ejercer su derecho al recurso.

Además, el trabajador autónomo tampoco deberá abonar ninguna tasa si decide demandar a un empleado, por ejemplo en los siguientes casos: reclamación de la indemnización por no cumplir el preaviso antes de una baja voluntaria, recepción de cantidades indebidas que un trabajador no quiere devolver o incumplimiento de las cláusulas de no competencia.

En definitiva, el cobro de tasas en la Justicia, cuyo recorrido se ha analizado en este texto, ha causado una fuerte polémica en ámbitos jurídicos y políticos. La intención recaudatoria y el corolario del desincentivo estaban provocando un contexto de desigualdad en el acceso a la justicia.

En resumen, una desprotección de la tutela judicial efectiva. Una circunstancia, si cabe, más perniciosa en épocas de crisis económica.

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