Vertidos sin depurar. Comienzan las sanciones

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Multa millonaria para España por incumplir la Directiva 91/271/CEE vertiendo sin depurar las aguas residuales de 17 poblaciones de más de 15000 habitantes

En julio del pasado año 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaba una sentencia que obligaba a España a pagar 12 millones de euros por el incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Un año después, esta multa ya se ha hecho efectiva y su importe continuará aumentando presumiblemente hasta el año 2023, cuando se estima que todos los núcleos urbanos objeto de la denuncia se hayan ajustado finalmente a la normativa.

Se trata de un hecho prácticamente insólito: desde el año 2012, el Estado español solo ha tenido que hacer frente a otras tres sanciones comunitarias por diferentes motivos, a pesar de haber sido objeto de multitud de requerimientos y expedientes. La Unión Europea ofrece amplios plazos y prórrogas a los países miembros, siendo extraño que los procedimientos de infracción terminen llegando al pago de una multa. ¿Qué ha ocurrido entonces en España?

Historia de una multa millonaria

La Directiva 91/271/CEE establecía que las aglomeraciones urbanas de más de 15000 habitantes debían cumplir unos requisitos mínimos en cuanto a la recogida y tratamiento de sus aguas residuales urbanas, con el objetivo de evitar el vertido sin control a ríos y mares. Estos requerimientos debían hacerse efectivos antes del año 2001, básicamente mediante la construcción de colectores y estaciones de depuración de aguas residuales (EDARs).

Pero España no cumplió en el plazo convenido y, tras varias advertencias, fue denunciada por la Comisión Europea en el año 2008, y condenada en 2011 por el incumplimiento en 37 núcleos de población. Estas zonas urbanas (concentradas en Andalucía, Galicia, la Comunidad Valenciana, Canarias, Cataluña, Asturias y el País Vasco) continuaban vertiendo sus aguas residuales urbanas sin tratar y ocasionando importantes episodios de contaminación. En Galicia, por ejemplo, los continuos vertidos al mar han obligado a prohibir durante años el marisqueo en algunas de sus rías.

La sentencia no acarreó la imposición de una multa en ese momento y la Comisión Europea otorgó a España un nuevo plazo: julio de 2013. Pero esta prórroga también expiró, y después de un periodo de gracia de cuatro años, en 2017, Bruselas volvió a denunciar al ejecutivo español por el incumplimiento en 17 núcleos urbanos. Como consecuencia de esta nueva denuncia, ahora el TJUE multa a España con un importe millonario derivado del incumplimiento prolongado (que se considera una circunstancia agravante).

Además de los 12 millones de euros, que corresponden a los 17 incumplimientos detectados en 2017, se ha impuesto también una sanción coercitiva que obliga al Estado español a pagar de forma semestral 10,95 millones de euros mientras que se mantengan los incumplimientos. Con esta sanción complementaria la Comisión Europea pretende forzar a España a adherirse de una vez por todas a las directrices de la directiva medioambiental. Cada semestre se realizará una revisión, pudiendo reducirse el importe de la multa en función del número de depuradoras que hayan comenzado a funcionar.

Situación actual y previsiones futuras

Actualmente son 8 las zonas urbanas que continúan realizando vertidos sin depurar, la mayoría en Andalucía: Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Coín, Nerja y Barbate. A los núcleos andaluces se suma uno en Asturias (Gijón Este) y otro en las Islas Canarias (Valle del Güímar). Recientemente, la Unión Europea ha sacado a Tarifa de la lista negra gracias a la entrada en funcionamiento de su EDAR en julio de 2018. Esto ha supuesto una rebaja en la multa semestral en 559000 euros (un importe proporcional a los 20500 habitantes que se ven beneficiados con la depuración de esas aguas).

Algunos casos, como el de Gijón, resultan especialmente complejos. Se trata de la única gran ciudad implicada y el problema afecta a la cifra nada desdeñable de 150000 habitantes. El incumplimiento asturiano supone para el Estado un coste de 4 millones de euros semestrales, una parte importante de la multa. Lo más sorprendente de este caso es que en la zona ya se han realizado obras para la construcción de la depuradora, pero toda la actividad se encuentra paralizada desde 2016 debido a una sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a la redacción de un nuevo estudio de impacto ambiental.

La ubicación de esta estación está suponiendo un escollo al chocar con la oposición de los vecinos. Mientras tanto, los vertidos sin depurar de miles de personas ya han alcanzado en diferentes momentos las aguas de la conocida Playa de San Lorenzo, dando lugar a episodios de contaminación por aguas fecales. El pasado verano de 2018 los vertidos obligaron a cerrar el arenal al baño en varias ocasiones, con el perjuicio que ello supone especialmente de cara al turismo.

En cuanto al resto de casos que permanecen sin resolver, se espera que a lo largo de 2019 se concluya la construcción de las depuradoras de Nerja, Alhaurín el Grande, Coín e Isla Cristina. En 2020 se prevé que se incorporen Matalascañas y Valle del Güímar. Sin embargo, no se cree que la EDAR de Barbate, en Cádiz, pueda entrar en funcionamiento antes del año 2022.

De cumplirse estos plazos, España habrá tardado la friolera de 32 años en ajustarse a una directiva aprobada en 1991, y el importe de la multa continuará aumentando. Hasta la fecha, el incumplimiento ya ha supuesto para el país un desembolso de 22,355 millones de euros, y podría llegar a alcanzar los 30 millones. Esta es la previsión más halagüeña, confiando en que no surjan nuevos problemas que retrasen más el desarrollo de las obras de colectores y plantas de depuración.

Dado que la construcción de las plantas depuradoras es una competencia municipal y autonómica, el actual Ministerio para la Transición Ecológica anunció su intención de repercutir parte de la sanción en las comunidades autónomas correspondientes. En cada caso concreto debe determinarse de quién es la responsabilidad del incumplimiento, pudiendo llegar a recaer también sobre los ayuntamientos. Dependiendo de cada administración, este pago puede trasladarse a los recibos de agua o incluirse en los impuestos, pero en cualquier caso está claro que la sanción a España por sus vertidos incontrolados terminará afectando en gran medida al bolsillo de los ciudadanos.

La depuración en pequeñas poblaciones

La Directiva 91/271/CEE no solo establecía requerimientos en cuanto al tratamiento de las aguas residuales urbanas de los núcleos de más de 15000 habitantes. Cuanto mayor es el tamaño de la población los requisitos se vuelven más estrictos, pero también existen directrices que deben seguir las pequeñas aglomeraciones con menor número de habitantes.

A este respecto, desde el año 2012 existe un procedimiento abierto por el incumplimiento de la normativa ambiental que implica a más de 500 poblaciones de entre 2000 y 15000 habitantes. Por tanto, si no se toman medidas correctoras con prontitud, España podría ser objeto de nuevas sanciones.

En el caso de las poblaciones de menos de 2000 habitantes la situación puede volverse incluso aún más complicada. En estos pequeños núcleos, el abastecimiento supone un coste menor que en las grandes poblaciones, pero el precio del saneamiento resulta mucho más elevado debido a la irregularidad de los vertidos, a los problemas tecnológicos que pueden surgir y a los recursos económicos más limitados que estas poblaciones pueden dedicar al tratamiento de sus aguas residuales urbanas. Sin embargo, la conservación de la calidad de las aguas, en un país en el que el agua constituye un bien escaso, debería garantizarse independientemente del tamaño de las poblaciones.

Consecuencias medioambientales de los vertidos sin depurar

El incumplimiento de la normativa ambiental para el tratamiento de las aguas residuales no solo está conllevando un coste económico para el Estado español. En los núcleos urbanos, las aguas residuales pueden contener multitud de desechos que, sin tratamiento, son descargados en el mar, ríos, lagos, suelos o incluso en el subsuelo a través de las fosas sépticas.

Las sustancias presentes en las aguas pueden ser de tipo mineral u orgánico. Ocasionan un cambio en el aspecto de las masas de agua, así como malos olores, pero además presentan un potencial tóxico e infectivo importante, tanto para la fauna y flora, como para las personas que consuman o utilicen esas aguas con fines recreativos. Las aguas urbanas presentan un pH próximo a la neutralidad, y por tanto constituyen un medio favorable para la proliferación de los microorganismos causantes de la contaminación del agua.

En la actualidad España se enfrenta a un reto medioambiental muy importante. Es indispensable actuar con rapidez para paliar las consecuencias de la escasez de agua, un problema creciente debido al avance a la desertización. Por ello resulta imprescindible que las aguas residuales urbanas sean retornadas a los cauces naturales en condiciones óptimas para el medio ambiente y la salud de las personas.

Bien sea por la necesidad imperiosa de preservar un bien tan preciado en la península como es el agua, como por evitar el gasto de recursos que supone el pago de la sanción europea, España debe ajustarse cuanto antes los requisitos de la Directiva 91/271/CEE. A día de hoy, 28 años de retraso ya son más que inadmisibles.

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