La pensión de jubilación se constituye como el máximo exponente de los derechos de los ciudadanos españoles durante la vejez. La propia Constitución recoge, en su artículo 50, el deber de los poderes públicos de garantizar la suficiencia económica de los ciudadanos de la tercera edad a través de estas prestaciones.
Ahora bien, en principio, esto parece plenamente aplicable a aquellos ciudadanos españoles que hayan desarrollado su trabajo en el territorio español, pero ¿qué ocurre con...
Trabajo en varios países: ¿quién paga la pensión?
